Los hoteleros de la Comunitat Valenciana y el resto de España exigen cambios urgentes en el Real Decreto 933/2021, que impone nuevas obligaciones de registro de datos de viajeros. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) advierte de un caos operativo y legal.
El sector hotelero, pieza fundamental de la economía turística en España, se encuentra en una encrucijada a pocas semanas de la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021. Esta normativa, que obliga a los subsectores del turismo a recopilar y enviar datos exhaustivos de los viajeros, ha generado una gran preocupación entre las empresas del sector. En particular, tanto la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) como las asociaciones regionales, como HOSBEC en la Comunitat Valenciana, han alzado la voz para exigir una revisión y ajuste inmediato de la normativa.
¿Qué establece el Real Decreto 933/2021?
El Real Decreto 933/2021, aprobado en octubre de 2021, requiere que los subsectores turísticos, incluidos los hoteles, campings, plataformas de intermediación y otros, recopilen una serie de datos personales de los viajeros antes de la prestación de los servicios. La normativa, cuyo objetivo declarado es aumentar la seguridad y prevenir actividades ilícitas, exige la entrega de información detallada sobre los clientes, tales como el número de tarjeta de crédito, el teléfono móvil y el domicilio real, datos que no suelen aparecer en documentos oficiales como el DNI o el pasaporte.
El problema: falta de claridad y de desarrollo legislativo
Uno de los principales problemas que plantea esta normativa es la falta de un desarrollo legislativo posterior que explique con claridad cuáles son exactamente los datos que deben proporcionarse y cómo deben transmitirse a las autoridades. Aunque el Real Decreto estipulaba que este desarrollo llegaría por medio de una orden ministerial, los hoteleros denuncian que a día de hoy, dos años después de su aprobación, dicha orden no ha sido publicada.
Esta laguna ha provocado una confusión generalizada en el sector, ya que las empresas no tienen certeza sobre cómo cumplir con las nuevas exigencias. El hecho de que las autoridades no hayan proporcionado instrucciones precisas ha aumentado el malestar entre los hoteleros, quienes temen que la implementación de la normativa en las condiciones actuales genere sanciones y problemas operativos insalvables.
Inviabilidad técnica y operativa
Otro de los puntos de conflicto es la imposibilidad de automatizar el proceso de recopilación y transmisión de los datos exigidos. CEHAT ha advertido que, al requerir información que no se encuentra en los documentos de identificación habituales de los viajeros, como el número de tarjeta de crédito o el domicilio real, se obligaría a los establecimientos a gestionar estos datos de forma manual. Esto no solo incrementaría significativamente el trabajo administrativo, sino que aumentaría también el riesgo de errores y retrasos, afectando gravemente la eficiencia operativa de los hoteles y otros servicios turísticos.
“No podemos automatizar este proceso, lo que implica que nuestros empleados tendrían que recopilar los datos uno a uno y enviarlos de manera manual. Esto generaría un aumento desproporcionado de la carga de trabajo, especialmente para las pequeñas empresas,” señala CEHAT.
Este escenario se ve agravado por la falta de una infraestructura tecnológica adecuada para cumplir con las exigencias del Real Decreto. Según ha señalado la propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la tecnología necesaria para gestionar este flujo de datos no está plenamente operativa, lo que genera un riesgo añadido de inseguridad jurídica para las empresas afectadas.
Preocupaciones legales: conflictos con la normativa europea
El Real Decreto 933/2021 también choca con las normativas europeas de protección de datos. La Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la sentencia C-817/19, han dejado claro que cualquier medida de tratamiento masivo de datos personales debe ser proporcional y limitada a casos justificados. La recopilación indiscriminada de datos sensibles, como plantea el Real Decreto, vulnera los principios de proporcionalidad y minimización de datos establecidos en las normativas comunitarias de privacidad.
En este sentido, los hoteleros temen que las medidas exigidas por el gobierno español puedan ser objeto de sanciones por parte de las autoridades europeas, lo que no solo afectaría a las empresas, sino que podría generar acciones legales de los turistas y viajeros por la vulneración de sus derechos de privacidad.
Impacto en la competitividad del sector turístico
Además de los problemas operativos y legales, el sector hotelero ha alertado de que esta normativa coloca a las empresas turísticas españolas en una clara desventaja competitiva frente a otros países de la Unión Europea que no imponen obligaciones tan estrictas. Los hoteles y alojamientos en España se verán obligados a asumir una carga administrativa y de gestión mucho mayor que la de sus competidores en otros destinos europeos, lo que podría desalentar la llegada de turistas internacionales y afectar negativamente la industria turística nacional.
Empresas y organizaciones europeas, como agencias de viajes, plataformas de comercialización y operadores turísticos, ya han manifestado su preocupación por las dificultades que plantea el envío de viajeros a España bajo esta nueva normativa.
La respuesta del sector: exigencias de cambio inmediato
Ante este panorama, CEHAT y otras asociaciones del sector han decidido actuar de forma coordinada para exigir una revisión urgente de la normativa. Se han dirigido tanto a los ministerios de Turismo e Interior como a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, reclamando que se introduzcan modificaciones en el Real Decreto para garantizar que las exigencias sean proporcionadas y que el proceso de adaptación tecnológica sea largo y factible.
Entre las principales demandas del sector se encuentran:
- Claridad en la legislación: El sector hotelero solicita que se defina claramente qué datos son exigibles y cuál es la forma correcta de remitirlos a las autoridades, con el fin de eliminar las ambigüedades actuales.
- Minimización de datos: Se pide que se limiten los datos requeridos a aquellos estrictamente necesarios para cumplir con los objetivos de seguridad, sin sobrepasar los límites de la normativa europea de protección de datos.
- Adecuación tecnológica: Los hoteleros insisten en que es necesario un periodo prolongado de adaptación tecnológica para que los sistemas de los establecimientos puedan cumplir con las nuevas obligaciones de manera eficiente y segura.
- Protección de las pymes: Dado que el 95% del sector turístico en España está compuesto por pequeñas y medianas empresas (pymes), se solicita que se tengan en cuenta las capacidades operativas limitadas de estas empresas y se evite imponer cargas administrativas que puedan ser desproporcionadas para ellas.
Consecuencias de no modificar la normativa
Si no se realizan los ajustes solicitados, los hoteleros advierten de que será imposible cumplir con la normativa en su forma actual. Esto no solo afectaría al sector en términos operativos, sino que también podría comprometer la calidad de los datos que actualmente recopilan y proporcionan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos datos son esenciales para la prevención de delitos y terrorismo, por lo que una mala implementación podría tener repercusiones graves en la seguridad pública.
¿Crees que el gobierno debería revisar la normativa para proteger la competitividad del sector turístico español?
