La implementación del Real Decreto 933/2021, que establece un sistema de registro documental para viajeros, genera tensión en el sector turístico, que lo califica de «inaceptable» y plantea posibles medidas legales para frenar su entrada en vigor.

El sector turístico valenciano se encuentra en pie de guerra contra el Real Decreto 933/2021, cuya aplicación definitiva está prevista para el próximo 2 de diciembre, tras haber sido pospuesta en varias ocasiones. La normativa, que obliga a los alojamientos turísticos y empresas del sector a mantener un registro exhaustivo de sus clientes y compartirlo con las autoridades, ha sido tachada de «inviable y excesivamente intrusiva» por diversas asociaciones turísticas y empresarios.

¿Qué implica el Real Decreto 933/2021?

La normativa exige a los alojamientos turísticos, desde hoteles hasta viviendas de uso turístico, recabar y almacenar información detallada de sus clientes, incluyendo documentos de identidad, itinerarios y reservas previas. El objetivo declarado es reforzar la seguridad y el control frente a posibles actividades ilícitas, permitiendo a las autoridades un acceso más amplio a esta información.

Sin embargo, el sector turístico valenciano considera que estas medidas suponen una carga administrativa desproporcionada que podría poner en jaque a miles de pequeñas empresas.

Críticas desde el sector

Federico Fuster, portavoz de la Asociación de Hoteleros de Valencia, señaló que el decreto representa un golpe al sector, especialmente en un momento en que la industria todavía intenta recuperarse de las consecuencias de la pandemia y, más recientemente, de la devastadora DANA:
«Nos enfrentamos a una normativa que no tiene en cuenta las particularidades de nuestro sector. Se nos pide actuar como agentes de seguridad sin recursos ni formación específica para ello. Esto, además de ineficiente, es inaceptable.»

Por su parte, representantes de las plataformas de viviendas turísticas, como Airbnb o HomeAway, también han alzado la voz contra la normativa. En un comunicado conjunto, calificaron el decreto de «obstáculo burocrático que afecta gravemente la privacidad de los viajeros y la viabilidad del modelo de negocio basado en la economía colaborativa.»

Impacto en Valencia

Valencia, como uno de los destinos turísticos más importantes de España, es especialmente vulnerable a los efectos de esta nueva regulación. Empresarios locales alertan que el coste económico y logístico de implementar el decreto podría derivar en el cierre de numerosos alojamientos pequeños y familiares.

Además, sectores como el de viviendas turísticas temen una caída en las reservas debido a la posible percepción negativa por parte de los turistas, quienes podrían sentirse intimidados por las exigencias documentales.

Acciones legales en estudio

El sector turístico valenciano, en coordinación con otras comunidades autónomas, ya estudia emprender acciones legales para frenar la aplicación del decreto. Asociaciones como Hosbec han comenzado a trabajar con equipos jurídicos para determinar si la normativa podría violar principios de proporcionalidad y protección de datos establecidos por la Unión Europea.

En este sentido, José Ramón Giménez, abogado especializado en derecho turístico, explicó que el decreto podría contravenir ciertas disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD):
«Obligar a empresas privadas a recabar y custodiar datos sensibles de clientes durante periodos prolongados plantea serias dudas legales, especialmente en lo que respecta a la finalidad y al alcance de esta medida.»

Respuesta gubernamental

El Gobierno central, por su parte, defiende la normativa como una herramienta necesaria para reforzar la seguridad y prevenir delitos como el terrorismo o el tráfico de personas. Según el Ministerio del Interior, el registro documental será fundamental para garantizar un control más efectivo en un sector clave para la economía española.

¿Un retroceso para la recuperación turística?

La implementación de este decreto llega en un momento crítico para el turismo valenciano, que ha tenido que lidiar con la incertidumbre de fenómenos climáticos extremos como la reciente DANA y las fluctuaciones en la demanda internacional tras la pandemia.

Empresarios y expertos temen que esta nueva normativa represente un retroceso en los esfuerzos de recuperación, desincentivando tanto a los propietarios de alojamientos como a los viajeros.

¿Qué opinas?

¿Consideras que el Real Decreto 933/2021 es una medida necesaria para reforzar la seguridad, o crees que supone una carga injustificada para el sector turístico y una intromisión en la privacidad de los viajeros?