La movilidad en la Comunitat Valenciana se encuentra en un punto de inflexión. Tras meses de incertidumbre regulatoria, el sector de los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) ha comparecido hoy en Valencia para enviar un mensaje de optimismo cauteloso y firmeza institucional. Las patronales MOVVA y UNAUTO VTC han confirmado que las negociaciones con la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio avanzan a buen ritmo, con el objetivo de alumbrar un decreto ley que ponga fin a la inestabilidad jurídica y garantice la convivencia de los modelos de transporte.
El sector reclama un marco «claro, proporcionado y alineado con la ley» que permita a los operadores continuar prestando servicios urbanos sin las restricciones que, según denuncian, han quedado obsoletas ante la jurisprudencia reciente de los tribunales europeos y nacionales.
Un diálogo técnico frente al conflicto
El tono de la jornada ha estado alejado de la beligerancia de años anteriores. José Manuel Berzal, presidente ejecutivo nacional de UNAUTO VTC, ha destacado que el proceso se encuentra en una «fase técnica y constructiva». Según Berzal, la Generalitat ha reconocido finalmente a las VTC como un «actor relevante» en el ecosistema de transporte valenciano.
«Hoy no estamos aquí para hablar de un conflicto entre sectores. Estamos aquí para hablar de los ciudadanos, de su movilidad y de la necesidad de un marco moderno», afirmó Berzal.
La clave del nuevo texto, que se espera conocer en las próximas semanas, reside en la eliminación de barreras que el sector considera arbitrarias. Específicamente, las patronales exigen que el decreto no incluya criterios de precontratación (tiempos de espera forzosos) ni limitaciones a la geolocalización, dos puntos que los tribunales ya han señalado como contrarios a la libertad de empresa y al beneficio del consumidor.
Impacto económico: 5.000 empleos y 200 millones de euros
La viabilidad del sector no es solo una cuestión de movilidad, sino un motor económico de peso. Ricardo González, presidente de MOVVA, ha puesto cifras sobre la mesa para ilustrar lo que está en juego: la consolidación de más de 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos y un impacto económico anual que supera los 200 millones de euros.
De este total, González detalló que el sector aporta más de 100 millones en salarios y unos 50 millones de euros en ingresos públicos vía impuestos. «La regulación debe garantizar que el porvenir de las VTC siga siendo un activo que garantice la movilidad de millones de valencianos y de los turistas que nos visitan», subrayó el presidente de MOVVA.
Además, el sector vincula la estabilidad jurídica con la sostenibilidad. Según Berzal, un marco normativo claro es el requisito previo para que las empresas puedan acometer las inversiones necesarias en la electrificación de flotas, contribuyendo así a los objetivos de descarbonización de la Generalitat para 2030.
La campaña «Tu último viaje»
Uno de los pilares de la argumentación del sector es el apoyo social. La campaña «Tu último viaje» ha logrado movilizar a cerca de 10.000 ciudadanos, quienes han enviado sus testimonios al Consell reclamando la continuidad del servicio. Los usuarios destacan, principalmente, la falta de taxis en franjas horarias críticas, la sensación de seguridad en trayectos nocturnos y la previsibilidad de los precios cerrados.
A estos testimonios se suman los datos de una encuesta de Metroscopia, que revela una realidad incontestable: el 75% de los valencianos considera que los VTC son una pieza clave para la movilidad urbana, y un 73% aboga por un marco común que integre tanto al taxi como a las VTC bajo reglas justas.
El fin de la «policía de fronteras» interna
Otro de los puntos irrenunciables para las patronales es la actualización del régimen sancionador. El sector busca que la nueva normativa sea «nítida, concreta y concisa» para evitar interpretaciones que den lugar a sanciones injustas o a situaciones de intrusismo. El objetivo es profesionalizar al máximo el servicio para ofrecer una imagen de excelencia que beneficie al conjunto del transporte público y privado de la región.
Por el momento, y como gesto de buena voluntad, las patronales han mantenido la suspensión de cualquier movilización o protesta mientras dure el diálogo con la administración. La pelota está ahora en el tejado del Consell, que deberá presentar en breve un borrador que equilibre las demandas de los distintos sectores con el derecho de los ciudadanos a elegir cómo desplazarse por sus ciudades.
