El Gobierno español avanza hacia uno de los cambios más profundos en la regulación digital de Europa. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, siguiendo la estela de países como Francia y Australia.
El anuncio se ha producido durante su intervención en el pleno de la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Dubái, ante representantes de más de treinta países.
Un giro radical en la política digital
Sánchez ha defendido que las plataformas digitales “deben dejar de ser espacios sin ley” y convertirse en entornos seguros, saludables y responsables, especialmente para la infancia y la adolescencia.
Según ha avanzado, el Ejecutivo aprobará en las próximas semanas un paquete normativo que incluirá:
- prohibición legal de acceso a redes sociales para menores de 16 años
- obligación de sistemas reales de verificación de edad
- responsabilidad directa de las plataformas sobre los contenidos ilegales
- sanciones por manipulación de algoritmos
- supervisión de sistemas de recomendación y viralización
Las plataformas, bajo responsabilidad legal directa
Una de las claves del anuncio es el cambio de enfoque jurídico:
las grandes tecnológicas pasarán a ser legalmente responsables de lo que ocurre en sus plataformas, no simples intermediarios.
Esto implica que podrán ser sancionadas si:
- permiten el acceso de menores
- no actúan contra discursos de odio
- favorecen contenidos dañinos mediante algoritmos
- incumplen protocolos de protección infantil
Además, el Gobierno trabajará con la Fiscalía para investigar posibles infracciones en plataformas como TikTok, Instagram o sistemas de inteligencia artificial.
Sistema de rastreo y “huella digital de polarización”
Otra de las medidas más llamativas será la creación de un sistema estatal de:
- rastreo de contenidos
- medición de impacto social
- análisis de difusión de mensajes de odio
El objetivo es poder identificar lo que el propio presidente ha denominado una “huella de polarización”, es decir, el rastro que dejan determinados contenidos en la radicalización social.
Una medida con amplio respaldo social
La iniciativa se apoya en un contexto de creciente preocupación ciudadana. Según encuestas recientes:
- más del 80% de los españoles apoya restringir el uso del móvil en menores
- una mayoría está a favor de prohibir redes sociales antes de los 16
- España es uno de los países europeos con mayor demanda de regulación digital
La inquietud social se centra especialmente en:
- adicción a pantallas
- problemas de salud mental
- acoso digital
- exposición a contenidos sexuales o violentos
- pérdida de concentración escolar
Europa se mueve en la misma dirección
España no está sola. En los últimos meses:
- Australia ya ha aprobado una ley similar
- Francia prepara un veto hasta los 15 años
- Grecia impulsa una propuesta común en la UE
- varios países estudian modelos de verificación biométrica
La tendencia es clara: la era de las redes sin límites para menores se acerca a su final.
Un cambio de paradigma generacional
Si la norma se aprueba tal como está prevista, España se convertiría en uno de los primeros grandes países europeos en establecer una prohibición directa por edad, no solo recomendaciones.
No se trata solo de una medida tecnológica, sino de un cambio cultural profundo:
por primera vez, se asume que las redes sociales no son neutras ni inofensivas, y que requieren el mismo nivel de protección que el alcohol, el tabaco o el juego.
Una decisión que marcará a toda una generación.
