La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha celebrado esta tarde la primera de las mesas redondas se la Semana Ciudadana 2025. En esta charla se ha abordado el problema de la vivienda junto a expertas y también junto a activistas y movimientos sociales que trabajan por la defensa de este derecho fundamental. Bajo el título “El problema de la vivienda en Valencia: El derecho a poder vivir en la ciudad frente a la mercantilización y la especulación”, han participado en el debate:
- Alejandra Jacinto, abogada, politóloga y activista por la vivienda.
- Aurora Pedro Bueno, doctora en Economía por la Universitat de Valéncia.
- Plataforma de Afectados y Afectadas por la Hipoteca (PAH).
- La Coordinadora por la Regulación con Financiación Pública de la Covivienda (Cohabitem).
- El Consell de la Joventut de Valéncia (CJV).
La vivienda como derecho social
En la presentación de la mesa redonda, la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales, María José Broseta ha destacado que la vivienda es un derecho social pero, ante todo, un derecho de ciudadanía. “Un derecho político, como el derecho de voto o la libertad de expresión. El sentido de pertenencia a un grupo o a una sociedad lo da el arraigo y la seguridad, y sin vivienda no hay comunidad que pueda perdurar. El acceso a la vivienda, hoy, es un grave problema en la ciudad y lleva camino de ir a peor. La vivienda en la ciudad cada día es más cara, más precaria, más inaccesible”, ha dicho.
Ha comenzado explicando que el acelerado y desordenado crecimiento de la oferta de alojamiento turístico de los últimos años no es la única causa, pero tiene mucho que ver en esta especie de burbuja inmobiliaria gentrificadora. “Poner límites a la capacidad de acogida turística, impedir los cambios de uso de residencial a terciario hotelero, y revertir el uso residencial de las viviendas turísticas debe ser en estos momentos una prioridad”.
Por eso, desde la Federación vecinal de Valencia se ha presentado una serie alegaciones para impedir que se “legalicen” más de 4.000 viviendas residenciales de uso turístico a través de los cambios en el Plan General de Ordenación Urbana que propone el Ayuntamiento. “El alquiler turístico en viviendas residenciales será legal porque dejará de ser incompatible. Cuando en otras ciudades como en Barcelona todas las licencias decaerán en 2027, aquí se generalizan”, ha destacado.
La presidenta de la FAAVV ha dicho también que no es nada sensato crear falsas alarmas sociales. “Hoy lo preocupante son los desahucios, los desalojos, los ceses de contratos de arrendamiento que diariamente se realizan en Valencia. Lo alarmante son las abusivas y humillantes condiciones que con demasiada frecuencia se exigen a los arrendatarios, y más aún si son personas migrantes. Lo alarmante son el aumento meteórico del precio de la vivienda, la generalización de los contratos de arrendamiento por habitaciones por meses”.
En Valencia ciudad, ha añadido María José Broseta, hay más de 36.000 pisos vacíos, según los propios datos estadísticos municipales, por lo que se propone poner en marcha de manera urgente un plan sobre los pisos vacíos, con medidas como mayores cargas impositivas a través del IBI.
La Federación propone también la creación de una Agencia Municipal del Alquiler para anticiparnos a los desahucios, una agencia para dar seguridad tanto a los arrendatarios como a los arrendadores, para además gestionar los recursos propios o los de AUMSA, para interpelar a los tenedores de viviendas sin uso. “No podemos continuar con viviendas sociales vacías y es imprescindible gestionar el parque de viviendas en alquiler asequible de forma transparente”, ha añadido.
También reclama la Federación un plan para movilizar los solares, el suelo público, o el registro municipal de solares. “La administración debe movilizar todos los recursos a su alcance para aumentar el parque de viviendas en alquiler. Insistimos, estamos ante una emergencia social. Exigimos además que la Ley de Vivienda se aplique en la ciudad de Valencia, y que se declaren con urgencia las zonas tensionadas para limitar los precios de arrendamiento.
Recordamos que hay 4.500 apartamentos turísticos ilegales en zonas residenciales que reclaman un plan sistemático y de inspección y reversión para uso residencial”, ha concluído.
Debate de expertas y activistas
Desde la mesa han intervenido Alejandra Jacinto y Aurora Pedro Bueno. Antes de dar paso a la fila cero y al debate del público.
Alejandra Jacinto, es abogada y politóloga, socia de CAES, una cooperativa de abogados al servicio de los derechos humanos y la transformación social. Socia de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, fue parte del equipo jurídico de la PAH y colabora con el Sindicato de Inquilinas. Ha participado en numerosas causas y litigios estratégicos para la defensa del derecho a la vivienda obteniendo las primeras medidas cautelares del Comite DESC de Naciones Unidas en un caso de desahucio pero también en demandas colectivas contra fondos de inversión o el proceso de nulidad de venta de la vivienda publica de Madrid a un fondo buitre. Tras un paso fugaz por la política institucional, volvió a la abogacía y al activismo social por el derecho a la vivienda.
En su intervención, ha explicado que la especulación inmobiliaria está arrasando barrios y ciudades. “La violencia inmobiliaria está expulsando del mercado a las personas que más lo necesitan. El rentismo es el extractivismo del siglo XXI y el alquiler se ha convertido en una trinchera”, ha dicho.
En este conflicto, ha añadido Alejandra Jacinto, “hay que conseguir que el acceso a la vivienda esté garantizado como lo está el derecho a la salud o la educación con medidas contundentes, tuitivas, que protejan a la ciudadanía y tomar ejemplo de como se actúa en la mayoría de capitales europeas. Es un clamor social y eso lo demuestran las movilizaciones sociales históricas que hemos vivido este año. No hacerlo, o hacerlo a medias pasará factura y seguirá profundizando en la mayor brecha de desigualdad que tenemos como sociedad”, ha concluido.
Aurora Pedro Bueno es doctora en Economía con la tesis “Espacio urbano y política de vivienda en España durante los años ochenta” y autora de publicaciones como “Problemas de acceso al mercado de la vivienda en la Unión Europea”. Es profesora Titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de Valéncia y Directora de la Cátedra de Nueva Transición Verde en la Universidad de Valencia. Consultora de la Organización Mundial del Turismo desde mediados de los años noventa. Ha participado en varios proyectos educativos y de cooperación en varios países. Participó como invitada en la reunión de la ONU en 2022 del Día de la Madre Tierra. Es autora de varias publicaciones sobre Política Turística, Educación y Formación en Turismo, Cooperación Internacional y Turismo, Competitividad e Innovación.
Ha destacado también el derecho constitucional de la vivienda frente a cómo se materializa en la realidad. Ha señalado la incongruencia que supone no tener vivienda social o vivienda pública. En España las ciudades han sido centros donde en los barrios se debían generar viviendas y no negocio con la misma. En este país se ha primado la compra frente al alquiler porque se ha venido penalizando al propietario que ofrecía alquiler. Con todo esto llegamos en los ochenta al boom de la VPO que potenció la mercantilización a través del dinero público. Después llegaron los fondos buitre y se fue generando una situación cada vez más especulativa de la vivienda. Se ha generado concentración y oligopolio, y cuando se concentra poder económico se llega a la ineficiencia. No se está invirtiendo en vivienda, sino que se está claramente especulando en vivienda. Con un mercado oligopolizado que ha generado dimensiones internacionales y que está afectando claramente a ciudades como Valencia, ha dicho.
Desde la fila cero han intervenido organizaciones como la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH). Ismael Sanz ha destacado la agresividad del neoliberalismo y la codicia por el enriquecimiento como principal causa del problema. “Si permitimos la colonización de un territorio y la expulsión y asesinato de todo un pueblo como está ocurriendo en Gaza, a quién le va a importar que fondos extranjeros colonicen la ciudad”, ha explicado.
El portavoz de la PAH ha puesto el foco en la necesidad de cambiar el marco y las reglas del juego. “No podemos permitir que el acceso a un derecho fundamental dependa de los intereses especulativos de una minoría”. Por eso, ha añadido, “exigimos ningún desahucio de una vivienda que haya recibido ayudas públicas y a la que la Administración tenga derecho de tanteo y retracto, y tampoco la venta de viviendas que no sean para vivir; la aplicación inmediata del artículo 13 del Decreto-ley 3/2023 para conseguir de los grandes tenedores la cesión temporal y obligatoria de viviendas a familias vulnerables y sin alternativa habitacional; transparencia y situación exacta de las viviendas públicas, modificación del Decreto 180/2024 del Consell para que se valore más el hecho de sufrir desahucio en la adjudicación de viviendas e iniciar un proceso de regularización de situaciones de ocupación separando las mafiosas y oportunistas de las que son fruto de la necesidad y ausencia de vivienda pública, y la actuación coordinada entre Administraciones para cortar el acoso a familias por empresas y fuerzas de seguridad represivas ante la resistencia pacífica en desahucios y manifestaciones”.
Por su parte, la vicepresidenta del Consell de la Joventut de Valéncia (CJV), Noelia Rojas Reyes, ha destacado que la juventud de Valencia está siendo expulsada de su propia ciudad. En ese sentido ha desarrollado que “los precios desorbitados del alquiler, la falta de vivienda asequible y la especulación inmobiliaria dificultan gravemente la emancipación. Con solo un 15 % de jóvenes independizados y alquileres que superan con creces los ingresos medios, desde el Consell de la Joventut de Valéncia reclamamos políticas valientes e inmediatas: más vivienda pública, regulación de precios y protección real contra la turistificación”.
También ha intervenido la Coordinadora por la Regulación con Financiación Pública de la Covivienda (Cohabitem). Fernando González Cabanes ha hablado de las cooperativas de viviendas en cesión de uso como alternativa al mercado y al modelo habitacional hegemónico.
