El sindicato presenta un informe técnico al juzgado de Catarroja que detalla incumplimientos masivos del Plan de Inundaciones y una respuesta institucional descoordinada
La gestión de la DANA que azotó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 continúa bajo el foco judicial. Ahora, la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de CGT (FETAP-CGT) ha presentado un informe técnico ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja en el que documenta 357 “fallos críticos” en la aplicación del Plan Especial de Inundaciones (PEI). El sindicato, que ejerce la acusación popular, denuncia una cadena de errores operativos que, asegura, agravaron las consecuencias de la catástrofe.
Cecopales no activados, llamadas al 112 sin respuesta y unidades sin movilizar
El informe —basado en documentación oficial, cronogramas, registros del 112 y alertas meteorológicas— señala que solo se constituyeron 2 Centros de Coordinación Operativa Local (Cecopal) de los 129 previstos, una omisión que por sí sola representa 127 infracciones del PEI.
Además, se detectaron 145 llamadas relacionadas con el barranco del Poyo que no fueron gestionadas correctamente, 35 puntos de medición hidrológica sin monitorizar y 41 carreteras con incidencias sin seguimiento operativo, como la A-3 en Chiva.
Falta de despliegue de recursos esenciales
Según el sindicato, durante la jornada crítica del 29 de octubre no se movilizaron las 26 unidades de bomberos forestales de la provincia ni los cuatro helicópteros y drones disponibles. Tampoco se utilizó maquinaria pesada y, lo que consideran aún más grave, la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue desactivada prematuramente a las 15:00 horas, siendo necesario reactivarla posteriormente.
Los Puestos de Mando Avanzados (PMA) tampoco se activaron en comarcas especialmente afectadas como la Ribera Alta y Utiel-Requena, lo que dificultó la llegada de equipos de intervención al terreno más afectado.
Alertas tardías y mala comunicación con los ayuntamientos
El informe también acusa a la Generalitat de retrasar la activación del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), que no se convocó hasta pasadas las 15:00 horas. Además, se enviaron alertas meteorológicas “tardías e imprecisas”, como un SMS enviado a las 14:15 horas que solo recomendaba “activar planes” en lugar de exigirlo.
Según FETAP-CGT, tampoco se emitieron instrucciones claras a los alcaldes para poner en marcha sus planes locales de emergencia, y hubo una “inexistencia de seguimiento efectivo de cauces, puntos críticos y avisos hidrológicos”.
Críticas a la coordinación institucional
La organización denuncia además la “falta de coordinación” con la Subdelegación del Gobierno, lo que habría obstaculizado la toma de decisiones y el envío de refuerzos a tiempo. Tampoco se aplicaron medidas preventivas en municipios ubicados aguas abajo de cuencas críticas, como Albal, Silla o Beniparrell.
Estas omisiones, según el sindicato, no solo incumplen el PEI, sino que reflejan una “grave quiebra de los deberes públicos de anticipación, coordinación y protección civil”.
Una tragedia evitable
FETAP-CGT considera que el impacto humano, material y ambiental de la DANA podría haberse reducido si se hubiese activado de forma correcta el protocolo de emergencias. La riada dejó 228 víctimas mortales en la provincia y cuantiosos daños económicos. “La inacción institucional agravó una catástrofe que pudo haberse gestionado con mayor eficacia”, aseguran en su comunicado.
Una causa judicial que avanza
El informe ha sido ya incorporado al procedimiento penal que investiga las responsabilidades por la gestión de la DANA. En paralelo, la jueza instructora ha solicitado grabaciones, entrevistas televisivas y declaraciones institucionales para cotejar las versiones ofrecidas públicamente con las actuaciones documentadas.
Desde FETAP-CGT han subrayado su compromiso de seguir personados en la causa “en defensa del interés general y de una gestión pública que responda con responsabilidad, eficacia y transparencia”.
Conclusión: exigencia de respuestas y responsabilidades
A medida que avanza la investigación judicial, los documentos como el presentado por FETAP-CGT refuerzan la idea de que la DANA de octubre no solo fue un desastre natural, sino también una prueba fallida de gestión institucional. Las preguntas siguen abiertas: ¿se pudo evitar parte del desastre? ¿Quién debió actuar y no lo hizo?
La ciudadanía espera respuestas, pero también garantías de que esta tragedia no volverá a repetirse.
