El Ministerio Público respalda la tesis judicial que señala al Consell como principal responsable en la gestión de la emergencia de la riada que dejó 228 víctimas

Cuando la naturaleza se desborda, la administración no puede esconderse detrás del paraguas. Así podría resumirse el demoledor argumento que esta semana ha puesto negro sobre blanco la Fiscalía en el marco de la investigación judicial sobre la catastrófica DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que el pasado 29 de octubre dejó 228 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Sí, 228. No es una errata, ni una cifra inflada por dramatismo mediático: son 228 personas que perdieron la vida bajo la lluvia, el barro, y lo que la jueza —y ahora también la Fiscalía— consideran una gestión ineficaz y mal coordinada por parte de la Generalitat Valenciana. Porque aquí, cuando todo se inunda, también aflora la responsabilidad política.

El Ministerio Público no solo respalda la línea judicial que investiga la cadena de decisiones previas y posteriores al desastre, sino que directamente señala que la Generalitat tenía la competencia y la obligación de tomar el mando de la emergencia… y no lo hizo.

Un recurso de Vox desata un alud jurídico inesperado

Cuando buscas una cosa, te encuentras con otra mucho más incómoda

Todo comenzó con un recurso interpuesto por Vox —sí, en ese papel secundario pero ruidoso que tanto les gusta— para que se investigara si el Gobierno central activó o no al Consejo de Seguridad Nacional. Querían, digamos, tirar por elevación. Pero les salió el tiro por la culata.

Porque el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja denegó esas diligencias, y la Fiscalía, lejos de aprovechar el viaje para lanzar la culpa a Madrid, aprovechó para dejar bien claro que la pelota estaba —y está— en el tejado autonómico.

Y aquí viene la parte jugosa: el fiscal expone con claridad que no se declaró emergencia de interés nacional. Y como no se hizo, quien tenía la responsabilidad directa era, según el Estatuto de Autonomía, la Generalitat Valenciana.

El Consell: mando, dirección… y ausencia

El marco legal que nadie puede ignorar (aunque lo haya intentado)

La legislación es contundente: la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat deja meridianamente claro que el Consell es el órgano superior de dirección y coordinación en materia de emergencias. No es opcional. No es un “si tengo tiempo lo hago”.

Y si vamos al detalle, resulta que también correspondía a la Conselleria competente —la de Interior—:

• Proponer al Consell que eleve la emergencia a interés nacional.
• Dirigir los planes de emergencia con el llamado “mando único”.
• Activar el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), ese organismo que, en teoría, existe para que no reine el caos mientras se hunden los pueblos.

¿Lo hicieron? Según el escrito fiscal, o no se hizo, o se hizo tarde, o se hizo mal. Y en cualquiera de los tres casos, alguien debería responder.

El Plan Especial de Inundaciones: cuando todo está escrito, pero no se aplica

La letra pequeña que no salva vidas, pero sí hunde carreras

El Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana tampoco deja lugar a dudas. En sus artículos más explícitos, determina que las emergencias en situación 0, 1 y 2 son responsabilidad de la Generalitat. Y solo cuando se declara el estado de emergencia de interés nacional (situación 3), el Estado toma las riendas.

¿Qué situación teníamos el 29 de octubre? Pues eso es precisamente lo que está en disputa. Pero lo que no está en duda es que nadie activó el estado de interés nacional, y que por tanto, los mandos, la coordinación, la gestión… todo dependía del gobierno autonómico.

¿Negligencia, omisión o simple descoordinación?

La pregunta que sobrevuela sin respuesta oficial

Ninguna institución ha salido —al menos de momento— a reconocer errores. Desde la Generalitat se insiste en que se actuó con todos los medios disponibles, que la previsión meteorológica no anticipaba semejante brutalidad y que los equipos de emergencia actuaron con rapidez.

Pero claro, una cosa es la reacción y otra muy distinta es la prevención.

La Fiscalía, como la jueza, no entra todavía a calificar penalmente las actuaciones. Pero sí empieza a trazar el mapa de responsabilidades. Y todo apunta a que alguien dejó de hacer lo que debía.

Y esa omisión, en este contexto, no es solo un fallo administrativo: es una línea directa hacia las víctimas.

El silencio del Consell, la incomodidad política y el eco electoral

Porque todo esto pasa a cinco meses de las elecciones

¿Coincidencia? Quizá. Pero que la Fiscalía señale al Consell a las puertas de unas elecciones autonómicas tiene un aroma político que ningún gabinete de prensa puede perfumar.

La oposición, como era de esperar, ha afilado los cuchillos. Desde Compromís hasta el PSPV, pasando por esa izquierda de geometría variable que a veces condena, a veces se abstiene, ya piden explicaciones, comisiones y, en algunos casos, dimisiones.

Mientras tanto, el PP —que dirige la Generalitat— guarda un silencio más calculado que prudente, esperando que la tormenta mediática amaine antes de pronunciarse. Pero es difícil no oír el rugido de los tambores judiciales cuando el fiscal habla de posible relación de causalidad entre las decisiones del Consell y las muertes.