Susanna Griso modera un acalorado enfrentamiento entre el empresario Marcos de Quinto y la sindicalista Isabel Araque sobre el papel de los empleados públicos en España. ¿Es la administración pública una carga o un pilar del bienestar social?
El debate sobre el modelo de gestión pública y el número de funcionarios en España ha vuelto a encenderse tras la implementación de medidas radicales en Argentina, donde el presidente Javier Milei ha anunciado recortes masivos para reducir la burocracia. Este modelo ha despertado preguntas sobre si España podría seguir un camino similar y, en caso afirmativo, qué consecuencias tendría.
En el programa Espejo Público de Antena 3, Susanna Griso moderó una intensa discusión entre Marcos de Quinto, empresario y exdiputado vinculado al sector privado, y Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT. Ambos ofrecieron visiones opuestas sobre el rol de los empleados públicos, la eficiencia del Estado y el impacto del sector privado en la economía.
¿Sobran funcionarios en España?
La pregunta inicial de Griso puso sobre la mesa el tema central: ¿España tiene un exceso de funcionarios? Según De Quinto, la respuesta es un rotundo sí. “El Estado no opera con criterios empresariales, y eso lleva a una sobredimensión de plantillas y a una gestión ineficiente”, afirmó, citando como ejemplo a RTVE, cuya plantilla, aseguró, supera la suma de las principales cadenas privadas.
Por el contrario, Araque desmintió que en España sobren empleados públicos, apoyándose en datos de Eurostat y la OCDE. “El 16,9% de los trabajadores en España son empleados públicos, una cifra por debajo de la media europea, que se sitúa en el 17%. Este tipo de afirmaciones alimentan mitos sin fundamento”, explicó.
El sector privado como motor de la economía
De Quinto centró gran parte de su argumentación en la importancia del sector privado como “la gallina de los huevos de oro” que sostiene al sector público. “Sin el sector privado no habría hospitales, policías ni jueces. Es el sector privado el que genera riqueza, mientras que el público, muchas veces, la consume sin retorno”, afirmó.
Araque rechazó de plano esta visión, calificándola de simplista. “Los empleados públicos no solo sostienen el Estado del bienestar, sino que son imprescindibles para garantizar servicios básicos como la educación, la sanidad y la seguridad. Su trabajo es la base sobre la que se construyen sociedades más justas y equilibradas”, argumentó.
El dilema de los servicios externalizados
Uno de los puntos álgidos del debate fue el coste de los servicios externalizados en España, que en 2023 ascendieron a más de 107.000 millones de euros. Araque señaló que estas cifras reflejan un modelo donde se prioriza el beneficio privado sobre la eficiencia y el acceso universal. “¿Por qué no se contempla invertir directamente en el sector público en lugar de externalizar?”, cuestionó.
De Quinto respondió aludiendo a la eficiencia del mercado privado, usando como ejemplo la ausencia de economatos públicos: “No existen porque los supermercados privados son más eficientes. Si alguien necesita ayuda, se le puede otorgar un cheque para que compre donde quiera, pero no es necesario que el Estado gestione todo”.
Un choque de modelos: bienestar social versus eficiencia empresarial
El trasfondo de la discusión es, en realidad, un choque de visiones sobre el modelo de Estado. De Quinto abogó por un enfoque más empresarial, donde los recursos públicos se gestionen con la misma lógica que una empresa privada. “El clientelismo y la falta de responsabilidad en el sector público son un problema estructural”, afirmó.
Araque, por su parte, defendió el papel del sector público como garante de derechos fundamentales y base del Estado social. “Si el objetivo es privatizarlo todo, estaremos hablando de un modelo donde los ciudadanos pierden derechos y la igualdad de acceso a servicios básicos queda en manos del mercado”, alertó.
¿Qué papel deben jugar los funcionarios?
La discusión se tornó aún más tensa al abordar el seguro privado de los funcionarios públicos, conocido como Muface. Mientras algunos lo consideran un privilegio innecesario, otros lo ven como una herramienta que garantiza la calidad de los servicios para los trabajadores del sector público. Griso dejó en el aire la pregunta: “¿Debe revisarse este convenio para equilibrar las condiciones con el sector privado?”
Reflexión final
El debate sobre el papel de los empleados públicos en España no es nuevo, pero la introducción del modelo de Milei en el panorama internacional ha reavivado la controversia. ¿Es posible gestionar el Estado con criterios puramente empresariales? ¿O es el sector público una inversión necesaria para garantizar un bienestar equitativo?
¿Qué opinas? ¿Sobran funcionarios en España o son esenciales para el modelo de Estado que tenemos?
