Rufián denuncia responsabilidad política tras tragedia de Valencia: ‘Hay muertos por gobiernos que privatizan y trabajadores obligados en alerta roja

Subtítulo: La DANA en Valencia se cobra la vida de más de 60 personas, mientras Gabriel Rufián, portavoz de ERC, critica la gestión de la Generalitat y apunta a las consecuencias de las privatizaciones en los servicios de emergencia.

Madrid – Valencia se enfrenta al balance devastador de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que ha dejado una cifra trágica de fallecidos y damnificados, desatando la polémica en el ámbito político. Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), ha lanzado duros comentarios en el Congreso, señalando ‘responsabilidad política’ y criticando a gobiernos que, según él, priorizan la privatización de servicios sobre la seguridad ciudadana.

Este miércoles, mientras la ciudad trata de sobreponerse a las consecuencias de un fenómeno meteorológico extremo, las palabras de Rufián han puesto el dedo en la llaga, señalando la falta de preparación y el peligro de lo que considera una negligencia administrativa y empresarial. En declaraciones realizadas en el pasillo del Congreso, el diputado de ERC subrayó que “hay gente que ha muerto por ir a trabajar y porque hay gobiernos que privatizan y desmantelan servicios públicos esenciales.” Sus palabras no han pasado desapercibidas, especialmente entre quienes apuntan a una evidente tensión entre el político catalán y el gobierno de Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana.

La tragedia y el contexto: ¿Evitable o imprevisible?

La DANA que impactó a Valencia fue advertida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) días antes, emitiendo alertas para que la ciudadanía y las autoridades tomaran precauciones. Sin embargo, la magnitud del desastre superó las predicciones, dejando 62 fallecidos, numerosos desaparecidos y un reguero de daños materiales. Según explicaron expertos, las lluvias torrenciales de estos eventos meteorológicos pueden llegar a ser devastadoras y en ocasiones se comportan de forma impredecible.

A pesar de ello, Rufián sostiene que el gobierno valenciano debería haber hecho más para salvaguardar a la población. En sus declaraciones, remarcó que «seguramente lo que ha ocurrido era inevitable, pero hay una responsabilidad política que no se puede ignorar”. Según el portavoz de ERC, si la Generalitat no hubiera eliminado la Unidad de Emergencias autonómica —una decisión que fue una de las primeras medidas del gobierno de Mazón al asumir el poder—, las consecuencias podrían haber sido diferentes.

Polémica por la privatización de servicios de emergencia

Las palabras de Rufián, directas y sin ambages, cuestionan una de las decisiones más controvertidas de la actual Generalitat: la privatización y eliminación de ciertos servicios públicos, como las unidades de emergencia locales. Desde que asumió el gobierno, Carlos Mazón ha implementado una serie de medidas para recortar gastos, entre las que destaca la desaparición de una unidad de respuesta rápida en emergencias, un servicio que, según Rufián, habría sido clave durante esta crisis.

«Esto no es sacar rédito de nada, esto es decir la verdad y se puede decir desde ya,» declaró Rufián, subrayando que «la vida de muchos valencianos podría haberse protegido mejor». La crítica de Rufián pone en el centro del debate una pregunta importante: ¿debe priorizarse el ahorro económico sobre la preparación ante catástrofes naturales?

Trabajadores expuestos: empresas y alerta roja

El diputado catalán también dedicó una parte de su intervención a denunciar a las grandes empresas que, pese a las advertencias meteorológicas y la alerta roja, no suspendieron sus actividades, obligando a los trabajadores a acudir a sus puestos. “Hay gente que ha muerto porque fue a trabajar cuando había una alerta roja por lluvia,” afirmó, agregando que estas decisiones responden a una cultura laboral en la que se anteponen los beneficios económicos a la seguridad de las personas.

Este punto resulta particularmente sensible en Valencia, una comunidad autónoma con sectores económicos muy dependientes de las labores presenciales, como la hostelería y la agricultura. Las críticas de Rufián han sido respaldadas por algunos sindicatos, que también exigieron que se implementen protocolos de seguridad más estrictos en caso de alertas climáticas extremas. La falta de directrices claras en estos contextos ha sido, según algunos representantes sindicales, un vacío que deja a los trabajadores en una situación de indefensión ante los intereses de las grandes corporaciones.

Reacciones en el panorama político y social

Las declaraciones de Rufián no tardaron en generar respuestas desde diferentes sectores políticos. Mientras que algunos consideran sus palabras oportunas y necesarias para abrir un debate sobre la gestión de emergencias, otros critican la oportunidad de sus comentarios, sugiriendo que no es momento para “buscar culpables”. Desde el PP y Ciudadanos, han respondido a Rufián señalando que “la situación es trágica y no se debe politizar una catástrofe de esta magnitud,” acusándole de aprovechar el dolor de las víctimas para hacer campaña política.

Sin embargo, colectivos de ciudadanos y algunos representantes del ámbito de la protección civil han tomado una postura más crítica, preguntándose si, efectivamente, la Generalitat no habría podido hacer más para prevenir el desastre o al menos mitigar su impacto. No es la primera vez que una DANA golpea la Comunidad Valenciana, y, de hecho, varios expertos ya advirtieron en el pasado sobre la necesidad de dotar a la región de un sistema de respuesta a emergencias mejor equipado.

La polémica de la emergencia en el nuevo contexto climático

Es evidente que las DANAs y otros fenómenos meteorológicos extremos están aumentando en frecuencia e intensidad debido al cambio climático. Este hecho ha puesto en jaque a muchos gobiernos locales, obligándolos a replantearse sus estrategias de gestión de desastres. Los expertos en climatología llevan años advirtiendo que fenómenos como estos requieren no solo una respuesta inmediata en situaciones de crisis, sino también una planificación anticipada y sostenida.

Para muchos en Valencia, los hechos recientes abren una cuestión fundamental: ¿están preparados los servicios de emergencia para enfrentar la creciente amenaza de estos desastres climáticos? La privatización de los servicios de emergencia, según algunas voces críticas, puede debilitar la capacidad de respuesta del Estado, ya que se reduce la infraestructura pública y se transfieren recursos a manos privadas que, en contextos de crisis, pueden priorizar sus propios intereses sobre el bienestar común.

Reflexión final: ¿es suficiente la inversión en emergencias ante el cambio climático?

Con un balance tan desolador y el luto extendido en toda Valencia, las palabras de Rufián han puesto sobre la mesa una realidad incómoda: la necesidad de debatir hasta qué punto los recortes y las privatizaciones afectan a la seguridad ciudadana. La tragedia ha puesto en evidencia la importancia de contar con sistemas de emergencia robustos y una clara coordinación entre el sector público y el privado, especialmente en regiones vulnerables a fenómenos climáticos extremos.

Si bien algunos consideran que este tipo de críticas son prematuras o inapropiadas, la pregunta persiste: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por la eficiencia económica, y hasta qué punto estamos preparados para protegernos en un contexto de emergencia climática creciente?

¿Debería el gobierno priorizar la inversión en servicios de emergencia para responder a futuros desastres naturales?e?