La tragedia de Campanar, que en febrero de 2024 conmocionó a València con la muerte de diez personas y la pérdida de los hogares de más de cien familias, encara un nuevo y decisivo capítulo judicial. La comunidad de propietarios, apoyada por las familias de las víctimas, ha solicitado formalmente la reapertura de la causa, aportando un informe pericial que podría dar un vuelco total al archivo del caso dictado el pasado julio.

Un nuevo informe pericial denuncia que el archivo del caso se basó en una normativa caducada y una clasificación errónea del material de la fachada. Los abogados sostienen que el revestimiento fue determinante en la rápida propagación del fuego.

La batalla por la justicia en el incendio de Campanar se reactiva. El letrado de la comunidad, Guillermo Aragó, junto a los abogados de las víctimas, ha presentado una solicitud de reapertura basada en un informe que cuestiona los pilares técnicos sobre los que el Juzgado de Instrucción número 9 y la Audiencia Provincial decidieron el sobreseimiento. Según los demandantes, la justicia aplicó una normativa que no era la vigente en el momento de la construcción, lo que generó una «apariencia de cumplimiento legal» que no se corresponde con la realidad.

Las claves del nuevo informe pericial

El documento elaborado por una perita independiente señala tres puntos críticos que, según los propietarios, fueron ignorados o mal evaluados:

• Normativa incorrecta: Sostienen que debió aplicarse el Real Decreto 312/2005, mucho más estricto con los materiales, en lugar de la normativa anterior que se usó para justificar el archivo.
• Documentación caducada: El informe afirma que los certificados de seguridad contra incendios del edificio carecían de validez legal y estaban caducados en el momento de la instalación.
• Material determinante: Se cuestiona la clasificación del material que revestía la fachada, el cual habría sido el factor clave en la emisión de humos tóxicos y la propagación «rayo» del incendio que impidió una evacuación segura.

Desde el punto de vista jurídico, Aragó recuerda que el sobreseimiento provisional no es un cierre definitivo. Los propietarios esperan que estas nuevas pruebas técnicas obliguen a practicar diligencias que incluyan nuevos análisis independientes y la ratificación de este informe para depurar las responsabilidades que, hasta ahora, la justicia no había visto.