El juez ha fijado el 22 de julio para que el exalcalde de Valencia, Joan Ribó, declare como investigado en una causa que busca esclarecer si se vulneró la legalidad urbanística en una obra sobre suelo protegido. La acusación popular la ejerce la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho.

Una infraestructura deportiva bajo la lupa judicial

Joan Ribó, exalcalde de Valencia y figura emblemática de Compromís, ha sido citado por el Juzgado como investigado en una causa que examina supuestas irregularidades cometidas durante su mandato en relación con la construcción de una infraestructura deportiva situada en el término municipal de Alboraya. El proceso judicial busca aclarar si el anterior gobierno municipal dejó de actuar ante una posible infracción urbanística grave, vinculada a obras realizadas sobre suelo protegido y sin las correspondientes licencias.

La causa, en fase de diligencias previas, se originó a raíz de la denuncia presentada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, presidida por la exalcaldesa de Catarroja María Ángeles López y representada legalmente por Víctor Soriano, del bufete Soriano iy Piqueras. La citación judicial de Ribó, fechada para el 22 de julio, fue adelantada por el diario Las Provincias y posteriormente confirmada por Europa Press.

¿Qué se investiga exactamente?

Según fuentes judiciales, los hechos que se investigan giran en torno a la construcción de una infraestructura deportiva que podría haberse llevado a cabo sin la correspondiente licencia de obras ni autorización ambiental, además de haberse emplazado sobre terreno calificado como protegido. La acusación apunta directamente a una supuesta inacción del Ayuntamiento de Valencia durante el mandato de Ribó, quien no habría iniciado expediente sancionador alguno para restaurar la legalidad urbanística.

Los denunciantes también señalan a varios ediles del municipio de Alboraya, quienes podrían haber incurrido en un delito contra la ordenación del territorio por permitir o avalar la ejecución de la obra sin ajustarse a la normativa vigente.

Se cita a Ribó porque la infraestructura deportiva, una piscina del Ajuntament d’Alboraya se construyó sobre suelo del Ajuntament de Valencia, protegido como zona de especial protección de la huerta, así aunque la piscina era municipal de Alboraya se construyó sobre suelo del término municipal de Valencia. No se conocen peticiones de licencias de obras al Ayuntamiento de Ribó ni que éste, una vez conocido el caso actuara,a pesar de ser su término municipal y de además ejecutarse sobre terreno de huerta protegido.

La implicación de Sandra Gómez queda pendiente

La asociación querellante también había solicitado la citación en calidad de investigada de la exvicealcaldesa socialista de Valencia y ex concejala de Urbanismo, Sandra Gómez. Sin embargo, el juez ha decidido posponer cualquier decisión al respecto dado que actualmente Gómez ejerce como diputada en el Parlamento Europeo y, por tanto, goza de ciertas prerrogativas jurídicas como el aforamiento derivado de su cargo de diputada europea.

Una citación que puede tener implicaciones políticas

Aunque Ribó se retiró de la primera línea política tras las elecciones municipales de 2023, su citación como investigado añade presión sobre Compromís, que aún mantiene una fuerte presencia política tanto en Valencia como en otras instituciones autonómicas y locales.

Desde Compromís aún no se ha emitido una valoración oficial sobre la citación judicial. Sin embargo, fuentes cercanas al partido consultadas por Noticias Ciudadanas aseguran que Ribó “afrontará la declaración con tranquilidad y colaborará con la justicia para aclarar cualquier duda sobre su gestión”.

Ana Bru también llamada a declarar

El mismo auto judicial cita para el 22 de julio a la actual concejala de Urbanismo de Alboraya, Ana Bru, aunque el juez ha solicitado a la parte querellante que especifique si su comparecencia será en calidad de testigo o investigada. Esto podría marcar una nueva línea de actuación en la investigación, que podría ampliarse a más responsables políticos y técnicos involucrados en la obra bajo sospecha.

¿Qué consecuencias podría tener esta causa?

De confirmarse que existieron irregularidades graves en la concesión o la falta de control sobre obras en suelo protegido, el caso podría derivar en sanciones administrativas, responsabilidades patrimoniales o incluso delitos urbanísticos con implicaciones penales. La figura del exalcalde Ribó podría quedar afectada, aunque será la instrucción judicial la que determine su grado de implicación y si existe base suficiente para avanzar hacia una imputación formal.

Conclusión: transparencia en la gestión urbanística

Este nuevo frente judicial reabre el debate sobre la gestión urbanística en el área metropolitana de Valencia y la vigilancia institucional sobre el respeto al suelo protegido. La transparencia en la concesión de licencias, el control ambiental y la responsabilidad política ante irregularidades urbanísticas vuelven a estar en el centro del debate público.

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