XÀTIVA – El 11 de abril de 2006 marcó un hito en la historia reciente de la Comunitat Valenciana: la entrada en vigor de una reforma estatutaria que elevaba el territorio al rango de nacionalidad histórica. Sin embargo, dos décadas después, el clima es de reivindicación más que de celebración. La asociación Juristes Valencians ha aprovechado esta efeméride para lanzar un mensaje contundente al President de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, exigiéndole un liderazgo institucional que impida la consolidación de lo que definen como un «autogobierno mutilado».
En un acto celebrado en Xàtiva este 9 de abril de 2026, el colectivo jurídico ha expresado su profunda preocupación por el estado actual de las competencias autonómicas. Para la entidad, el aniversario de la reforma de 2006 —que contó con un consenso político y social sin precedentes— se ve empañado por la falta de desarrollo en áreas críticas que afectan directamente a la calidad de vida de más de cinco millones y medio de ciudadanos.
Un balance agridulce: de la DANA a la infrafinanciación
Juristes Valencians ha señalado que, tras veinte años de vigencia formal del texto, existen «numerosos ámbitos de actuación con escaso impulso». Entre los ejemplos citados, destaca la falta de coordinación de las policías locales, una carencia que se hizo trágicamente evidente tras la DANA de octubre de 2024. Asimismo, denuncian la «invisibilidad» de la policía autonómica debido a la escasa dotación estatal y la crónica insuficiencia financiera en competencias de asistencia social y sanitaria.
José-Ramón Chirivella, presidente de la asociación, ha contrapuesto el éxito de la reforma de 2006 frente al «recorte» que supuso el Estatuto inicial de 1982. Según Chirivella, mientras que el texto de 1982 fue fruto de las presiones de las cúpulas políticas estatales, el de 2006 representaba la verdadera voluntad de la sociedad valenciana. «Aquel momento histórico tuvo altura de miras. Se introdujeron novedades como la Carta de Derechos Sociales y la cláusula Camps para garantizar niveles competenciales similares a otras comunidades», recordó el jurista.
El Derecho Civil como eje de la soberanía
La principal batalla de Juristes Valencians se libra ahora en el terreno legislativo. La entidad ha solicitado formalmente una reunión con Pérez Llorca para instar a la Generalitat Valenciana a designar una delegación ante el Congreso de los Diputados. El objetivo es claro: defender la recuperación del Derecho Civil Valenciano.
Desde la asociación se insiste en que la sociedad civil reclama leyes de familia modernas y normas que otorguen mayor libertad sucesoria. «No es una cuestión meramente técnica o jurídica, sino de supervivencia económica», explican, haciendo referencia a la necesidad de proteger la pervivencia de las empresas familiares valencianas mediante un marco normativo propio.
Denuncia de «meninfotisme» institucional
La noticia también tiene un tinte de crítica interna hacia la gestión de los festejos. Juristes Valencians califica de «devaluación institucional» el hecho de que Les Corts, el Consell y el President no hayan programado actos oficiales en todo el territorio para conmemorar lo que consideran el hito más relevante del autogobierno desde la abolición de los Fueros por Felipe V.
En este sentido, la entidad ha denunciado lo que tachan de meninfotisme (indiferencia) por parte del grupo parlamentario popular y su síndic, Nando Pastor. Critican la negativa a incluir en el orden del día del próximo pleno (14 y 15 de abril) la designación de los diputados que deben defender en Madrid la reforma constitucional necesaria para el Derecho Civil.
«No podemos aceptar mansamente los recortes».
Sentencian desde el colectivo, instando a las instituciones valencianas a abandonar la pasividad y defender la integridad de un Estatut que, veinte años después, sigue sintiéndose incompleto por la falta de voluntad política en Madrid y la falta de empuje en Valéncia.
