La consellera Nuria Martínez defiende en Les Corts unos presupuestos «realistas» de más de 600 millones de euros, marcados por la modernización, la equidad en el acceso a la justicia y la aplicación de nuevas leyes estatales

VALÈNCIA – La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha presentado un presupuesto de 602,64 millones de euros para 2025 con el que pretende abordar de forma decidida los grandes retos del sistema judicial valenciano. La consellera Nuria Martínez compareció en Les Corts para desgranar unas cuentas que, según señaló, están «ajustadas a la realidad» y diseñadas para responder a las consecuencias de la DANA, asumir nuevas competencias tras la salida del área de Interior y encarar los cambios legislativos de alcance estatal, como la inminente implantación de la nueva Ley de Eficiencia Judicial.

Estos presupuestos, los primeros íntegramente diseñados por el nuevo equipo de la Conselleria tras los cambios políticos de 2023, buscan transformar el modelo judicial valenciano a través de una combinación de inversión en infraestructuras, herramientas digitales, atención a las víctimas y fomento del acceso igualitario a la justicia.

Modernización de infraestructuras: una inversión sin precedentes

Uno de los pilares fundamentales del presupuesto de 2025 es la mejora y expansión de las infraestructuras judiciales. A este fin se destinarán 95,95 millones de euros, con una distribución que prioriza tanto la construcción de nuevas sedes como la renovación de las ya existentes.

Entre las actuaciones más destacadas figuran los 52,41 millones para proyectos emblemáticos como las nuevas sedes judiciales de Sagunt, Villena, Xàtiva y Torrent, así como para el edificio satélite de la Ciudad de la Justicia de València y el avance en el proyecto de la futura Ciudad de la Justicia de Alicante. Además, se contemplan 26,48 millones para obras de reforma en sedes como las de Ontinyent, Orihuela, Torrevieja o Nules, la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Castellón y la conclusión de la rehabilitación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Este esfuerzo inversor busca dotar al sistema judicial de un marco físico moderno y funcional, que permita una prestación más eficiente y humanizada del servicio público de justicia.

Digitalización y eficiencia: hacia una justicia del siglo XXI

En línea con los procesos de transformación digital, la Conselleria dedicará partidas específicas a innovación tecnológica y eficiencia energética. Casi ocho millones de euros irán destinados a nuevo equipamiento, mientras que 5,85 millones se reservarán para el desarrollo de sistemas de información y proyectos de innovación. A esto se suman otros 3,18 millones orientados a medidas de eficiencia energética en sedes judiciales.

Uno de los objetivos clave en este ámbito es la implantación generalizada del nuevo sistema de gestión procesal Just@ en todos los órganos judiciales de la Comunitat antes de finalizar 2025. Este sistema busca centralizar, agilizar y dar mayor trazabilidad a los procedimientos judiciales, mejorando la interoperabilidad entre juzgados y otras administraciones.

Compromiso con los profesionales: incremento salarial y nuevas líneas de apoyo

El capítulo de personal también registra un incremento significativo. Casi 25 millones de euros se destinarán a mejoras retributivas, lo que supone un aumento del 8,5% respecto al ejercicio anterior. Este esfuerzo está vinculado al acuerdo alcanzado por el Consell con los sindicatos para actualizar el complemento autonómico transitorio, una reivindicación histórica del colectivo de funcionarios de justicia.

Además, se incluyen por primera vez tres nuevas líneas dotadas con 10.000 euros cada una para apoyar a colectivos profesionales vinculados a la administración de justicia como los criminólogos, gestores administrativos y graduados sociales.

Justicia de proximidad y asistencia a las víctimas: el alma del presupuesto

El segundo gran eje del presupuesto es el programa de atención a las víctimas y de acceso a la justicia, al que se destinan 75,73 millones de euros. Dentro de esta partida, 58,3 millones están dirigidos a reforzar los servicios de asistencia jurídica gratuita, los puntos de atención de proximidad (Justiprop) y los programas de mediación (Mediaprop).

La consellera Nuria Martínez ha subrayado su compromiso con la puntualidad en el pago del turno de oficio, una demanda recurrente del colectivo de abogados y abogadas. También ha reafirmado el apoyo a la red de 37 oficinas de atención a víctimas del delito, que seguirán funcionando como espacios seguros para acompañar a quienes han sufrido delitos, especialmente en casos de violencia de género.

En este sentido, se mantendrán las tres oficinas específicas para la denuncia de violencia de género y se dedicarán más de 300.000 euros en subvenciones para apoyar a las víctimas del terrorismo.

Concordia frente a memoria democrática: el nuevo eje político del Consell

Una de las novedades más controvertidas del presupuesto es la consolidación de la «concordia» como concepto central en lugar de la memoria democrática. Con una partida de 3,79 millones de euros, la consellera ha defendido este enfoque como una «herramienta para superar diferencias y afrontar el futuro».

Este cambio implica la supresión del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, sustituido por nuevas líneas de subvención para ayuntamientos y asociaciones centradas en la apertura de fosas, exhumaciones o protección de vestigios, aunque con dotaciones más ajustadas: 200.000 euros por partida. Las ayudas a Fisabio (500.000 euros) y la Universitat de València (150.000 euros) se mantendrán con fines de identificación de víctimas de la Guerra Civil.

Asimismo, se crean nuevas subvenciones nominativas para entidades como Lo Rat Penat (50.000 euros) o la Associació Cultural Cardona Vives (18.000 euros), junto a la ya habitual dotación para la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) con 50.000 euros.

Administración Pública: impulso a la formación y al acceso

El área de Administración Pública contará con 29,85 millones, con un claro enfoque hacia una administración más moderna, ágil y cercana. De esta cifra, 8,81 millones se emplearán en desplegar un nuevo plan de atención ciudadana, aún pendiente de presentación.

La formación será otro de los ejes, con 8,7 millones destinados al Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP). Se otorgarán también 2,9 millones en becas para preparar oposiciones a cuerpos del grupo A, con el objetivo de combatir el envejecimiento de las plantillas y fomentar el acceso igualitario a empleos públicos cualificados.

Debate político: apoyos, críticas y tensiones

El debate parlamentario en Les Corts puso de manifiesto las tensiones que genera este presupuesto. Desde Vox, Miguel Pascual celebró la «reducción de más del 40%» en las subvenciones a entidades que calificó como «guerracivilistas» y denunció el trato desigual a los funcionarios de justicia valencianos.

Desde el PSPV, Alicia Andújar criticó unas cuentas que tildó de «irreales» y acusó al Consell de desinterés en mejorar la justicia gratuita. Mercedes Caballero lamentó la desaparición de programas relacionados con la memoria histórica y con la trama de bebés robados. Jesús Pla (Compromís) acusó al gobierno de usar la «concordia» para invisibilizar la memoria democrática y cuestionó las subvenciones a entidades como la RACV o Lo Rat Penat.

Martínez respondió defendiendo la «legitimidad» del gobierno para decidir sus prioridades y negó recortes en justicia gratuita, asegurando que «se ha pagado más que nunca».

Conclusión: entre la renovación y la controversia

El presupuesto de Justicia para 2025 marca una hoja de ruta ambiciosa para renovar el sistema judicial valenciano, con una fuerte apuesta por las infraestructuras, el acceso equitativo a la justicia y la digitalización. Sin embargo, también refleja un cambio de paradigma ideológico en la gestión de la memoria histórica, que ha encendido el debate político en la Comunitat Valenciana.

Mientras se desarrollan las medidas prometidas, la clave estará en su ejecución y en la capacidad de la Generalitat para atender tanto las demandas sociales como las exigencias técnicas de una justicia moderna y justa.

¿Consideras que la apuesta por la “concordia” debe sustituir a la memoria democrática en las políticas públicas de justicia?