El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Valencia, ha declarado nulo de pleno derecho el cierre de la sala y restituye su actividad.
En el fallo judicial contra el Ayuntamiento de Mislata se alude además a que «la medida quedó automáticamente sin efecto al no ser convalidada por la Conselleria en el plazo legal, por lo que la posterior ejecución forzosa dictada carecía por completo de soporte jurídico».
Además, el fallo destaca que «los argumentos municipales se alejaron de la realidad del expediente, obviando informes y documentación que demostraban la existencia de licencia desde 1998, seguros en vigor y mejoras en seguridad, incluyendo varias salidas de emergencia«. Igualmente, recoge la sentencia, «el uso del planeamiento urbanístico para justificar restricciones respondía a una ‘decisión política y no técnica’, orientada a un modelo de ciudad marcado por la expulsión de determinadas actividades del polígono industrial«. De hecho, se reprocha al Consistorio «la acumulación de errores procedimentales, falta de motivación y actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico».
La oposición le reclama a Bielsa su dimisión y exige se restituya la legalidad
«Bielsa usó el Ayuntamiento para una cruzada personal contra la Sala RepVblicca»
El portavoz del PP de Mislata, Fernando Gandía ha afirmado que «La sentencia demuestra que Bielsa cerró la sala arbitrariamente; no se puede usar las instituciones contra quien no piensa como tú»
El concejal y presidente del PP de Mislata, Fernando Gandía, ha denunciado que Bielsa «usó el Ayuntamiento para una cruzada personal contra la Sala RepVblicca» y su decisión de cerrarla fue «arbitraria y partidista». Así valora le fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Valencia, que ha declarado nulo de pleno derecho el cierre de la sala y restituye su actividad.
Para Gandía, la sentencia confirma que «el Ayuntamiento actuó sin respetar el procedimiento legal, omitiendo la audiencia previa, vulnerando garantías básicas de defensa y sin justificar un riesgo inminente que permitiera prescindir de dicho trámite, como exige la Ley 14/2010 de espectáculos públicos».
Por todo ello, ha afirmado Gandía, «se demuestra que Bielsa pisoteó la legalidad para forzar un cierre que no se sostenía técnicamente. No fue una decisión administrativa, fue un atropello político porque Bielsa ha utilizado el urbanismo como arma política para castigar a una empresa concreta». «Eso no es gobernar, es perseguir«, ha criticado.
«Este fallo es una enmienda a la totalidad a la gestión de Bielsa. No se puede gobernar a golpe de decisiones arbitrarias ni usar las instituciones contra quien no piensa como tú», ha lamentado, al tiempo que ha asegurado que «el PP de Mislata exigirá responsabilidades políticas por este abuso, que además costará a las arcas municipales 1.950 euros en concepto de costas».
