El Consell autoriza a los servicios jurídicos autonómicos a impugnar las resoluciones del Gobierno central sobre reubicación de menores tutelados.
La Abogacía de la Generalitat presentará recursos contencioso-administrativos contra todas las resoluciones estatales que ordenen el traslado o reubicación de menores migrantes no acompañados a la Comunitat Valenciana, según acordó el pleno del Consell en su última sesión.
El objetivo, según ha explicado el Ejecutivo autonómico, es “evitar posibles perjuicios” a los propios menores y garantizar que las decisiones del Gobierno central tengan en cuenta la situación personal y específica de cada uno de ellos antes de proceder a su traslado.
Revisión caso por caso
La medida responde al malestar de la Generalitat ante los recientes acuerdos de distribución de menores migrantes aprobados por el Estado. Desde el Consell se insiste en que no se cuestiona la solidaridad entre comunidades autónomas, sino el procedimiento de asignación, que —a juicio del Gobierno valenciano— no valora adecuadamente la capacidad de acogida ni las circunstancias individuales de los menores.
“Lo que se busca es garantizar que las decisiones se adopten con las debidas garantías jurídicas y de protección infantil, no de forma automática o generalizada”, señalan fuentes del Ejecutivo autonómico.
Competencias autonómicas y protección de menores
La Generalitat recuerda que el sistema de protección de menores es una competencia autonómica, y que los centros de acogida valencianos ya se encuentran al límite de su capacidad, especialmente en provincias como Alicante y Valencia.
Por ello, el Consell ha decidido que la Abogacía de la Generalitat actúe de manera preventiva ante cada nueva resolución estatal que implique la llegada de menores a territorio valenciano, presentando recursos en defensa de los intereses de la Comunitat y de los propios jóvenes.
Coordinación con el Estado
Pese a esta decisión, la Generalitat ha subrayado su disposición a mantener la cooperación institucional con el Gobierno de España en materia migratoria y de infancia, siempre que se respeten las competencias autonómicas y los criterios de atención personalizada.
“Nuestra prioridad es el bienestar de los menores y el cumplimiento riguroso de la ley”, han señalado fuentes del Consell.
