El Gobierno central rechaza las acusaciones de inacción en la gestión de la DANA, asegurando que las medidas necesarias ya se están ejecutando en las zonas afectadas con un amplio despliegue de medios humanos y materiales.
Un recurso que enfrenta al Gobierno y la asociación Liberum
La Abogacía del Estado y la Fiscalía han presentado al Tribunal Supremo sus argumentos en contra del recurso interpuesto por la asociación Liberum, que acusa al Gobierno de inacción durante la emergencia causada por la DANA en Valencia. El recurso, que llegó al Supremo tras ser remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, solicita medidas cautelares para garantizar la respuesta inmediata en áreas afectadas.
Entre las demandas de Liberum se encuentran el acceso a servicios básicos como agua potable, alimentos y atención médica, así como la eliminación de aguas estancadas y campañas de desinfección y prevención sanitaria.
La Abogacía defiende la acción del Gobierno
En su escrito, la Abogacía del Estado argumenta que estas medidas ya están en marcha y que las administraciones han actuado desde el primer momento para atender las necesidades de la población afectada. “Las actuaciones desarrolladas en las zonas siniestradas hacen innecesaria la adopción de tales medidas cautelares”, señala el documento.
Además, resalta el esfuerzo coordinado de diferentes administraciones, destacando el despliegue masivo de recursos humanos y materiales.
Medios movilizados por el Gobierno
La Abogacía detalla que el Gobierno ha activado:
- 8.079 efectivos de las Fuerzas Armadas, apoyados por 2.056 recursos técnicos como drones, helicópteros, maquinaria pesada y embarcaciones.
- 1.965 agentes de la Guardia Civil y 994 medios logísticos.
- Más de 4.000 policías nacionales, además de 533 efectivos de policías locales en colaboración con diversas comunidades autónomas.
Asimismo, menciona el apoyo internacional recibido a través del Mecanismo de Protección Civil Europeo, que permitió la llegada de recursos de países como Francia, Suecia, Italia, Bélgica, Portugal y Marruecos.
Acciones ya realizadas
Según el informe presentado por la Abogacía, el Gobierno ha implementado medidas como:
- Eliminación de aguas estancadas y desinfección de áreas afectadas.
- Suministro de agua potable y alimentos en localidades sin acceso.
- Atención médica y provisión de medicamentos.
- Acciones de prevención sanitaria y sensibilización sobre higiene.
“Ordenar medidas cautelares no tendría efecto práctico, dado que estas acciones ya están en ejecución”, concluye la Abogacía.
La Fiscalía respalda al Gobierno
La Fiscalía se ha sumado a la defensa del Ejecutivo, afirmando que tanto el Gobierno central como la Generalitat Valenciana han actuado de forma diligente en la gestión de la emergencia. Destacó los decretos aprobados por el Gobierno los días 5 y 11 de noviembre, y el decreto ley del Consell del 12 de noviembre, que incluyen medidas específicas como ayudas económicas, exenciones fiscales y reconstrucción de infraestructuras.
“La población de las zonas afectadas ha tenido acceso a servicios básicos esenciales desde el primer momento, gracias a la movilización de recursos y la coordinación institucional”, señala el informe de la Fiscalía.
Una crisis sin precedentes
La DANA que afectó a Valencia y otras regiones españolas dejó un panorama devastador, con cientos de municipios afectados por inundaciones, daños en infraestructuras y pérdidas económicas millonarias. Ante esta situación, el Gobierno desplegó uno de los mayores operativos de emergencia en la historia reciente, coordinando esfuerzos nacionales e internacionales.
Liberum insiste en la necesidad de medidas adicionales
A pesar de los argumentos de la Abogacía y la Fiscalía, la asociación Liberum sostiene que la respuesta gubernamental no ha sido suficiente para garantizar la seguridad y el bienestar de los afectados. La entidad insiste en la necesidad de un plan de acción más contundente, especialmente en materia de prevención sanitaria y acceso a recursos básicos.
El Supremo tendrá la última palabra
El Tribunal Supremo deberá decidir si admite las medidas cautelares solicitadas por Liberum o si, como defienden la Abogacía y la Fiscalía, estas resultan innecesarias dado que las acciones reclamadas ya se están ejecutando.
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