Un juicio con gran carga simbólica sobre los discursos de odio en España
La Audiencia de Valencia se convierte este miércoles en escenario de un proceso judicial de gran trascendencia social y mediática. En el banquillo de los acusados se sentará el excomisario de la Policía Nacional Ricardo Ferris, quien fuera jefe de la Comisaría Centro de València, acusado de un delito de odio por sus polémicas declaraciones realizadas durante un acto público organizado por Vox y la Fundación Defensa de la Nación Española (DENAES) en octubre de 2022.
Durante su intervención en dicho acto, celebrado en el Ateneo Mercantil de València y retransmitido en directo a través de varias redes sociales, Ferris vinculó directamente inmigración y delincuencia, afirmando que «todos los delincuentes son inmigrantes al menos en España», «la inmigración ilegal es igual a delincuencia», o que «absolutamente todas las violaciones están siendo cometidas por gente que viene de fuera». Sus palabras provocaron un aluvión de críticas y denuncias.
La acusación: incitación al odio y exaltación de la violencia
La Fiscalía, junto a las organizaciones sociales València Acull y CIM Burkina, ejerciendo la acusación popular, solicitan para Ferris una pena de tres años de prisión, inhabilitación especial para cargos educativos, deportivos y de tiempo libre durante seis años, además de la inhabilitación para empleo o cargo público durante el mismo periodo y el pago de una multa de 12 meses.
Según las acusaciones, el discurso de Ferris no solo buscó criminalizar a la población migrante, sino que, al realizarse públicamente y ostentando un cargo de responsabilidad policial, tuvo el objetivo explícito de estigmatizar, deshumanizar y alentar la violencia contra las personas extranjeras. Las acusaciones sostienen que Ferris realizó estas manifestaciones con pleno conocimiento de la falsedad de los datos aportados, generando un clima social de hostilidad.
Entre las pruebas aportadas por las organizaciones denunciantes se encuentran entrevistas posteriores concedidas por el excomisario en las que persistió en su discurso y difundió mensajes en redes sociales con expresiones de corte ultraderechista y xenófobo. Incluso, en uno de sus mensajes más recientes, instaba a «dejar de votar y sacar a los verdaderos bulldogs».
Las consecuencias sociales de sus declaraciones
El impacto de sus palabras fue inmediato, tanto a nivel institucional como social. El Ministerio del Interior le cesó de sus funciones apenas una semana después de los hechos, abriendo una información reservada. Paralelamente, una treintena de entidades de defensa de los derechos de las personas migrantes formalizaron la denuncia ante la Fiscalía por considerar que los mensajes de Ferris fomentaban el odio y la violencia.
Los denunciantes argumentan que tras sus palabras se generó una oleada de comentarios en redes sociales en los que se incitaba abiertamente a la violencia física y verbal contra personas extranjeras, evidenciando el efecto multiplicador de discursos de odio desde figuras de autoridad.
Un caso que trasciende el ámbito policial
El caso de Ferris representa un desafío jurídico sobre los límites de la libertad de expresión en España, en particular cuando el discurso procede de responsables públicos encargados de la seguridad y protección de la ciudadanía. La cuestión central es si la libertad de opinión ampara mensajes que generalizan y criminalizan a colectivos enteros, especialmente en un contexto de creciente polarización política y social.
El proceso servirá también para analizar el marco legal vigente en España en materia de delitos de odio, regulado en el artículo 510 del Código Penal, que castiga los actos que promuevan directa o indirectamente el odio, la discriminación o la violencia contra grupos vulnerables por motivos de raza, nacionalidad, etnia, religión, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra condición personal o social.
Un debate abierto en la sociedad española
El juicio contra Ferris abre, además, un debate más profundo sobre el papel de las instituciones en la lucha contra los discursos discriminatorios y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en su ejemplaridad pública. El caso ha reavivado la preocupación de organizaciones de derechos humanos por el auge de los mensajes xenófobos en algunos sectores políticos y mediáticos.
Mientras la defensa de Ferris esgrime su derecho a expresar su opinión como ciudadano y profesional con experiencia en seguridad ciudadana, la Fiscalía y las acusaciones populares insisten en el grave riesgo que supone permitir que altos cargos policiales utilicen su autoridad para propagar estereotipos racistas, desinformación y hostilidad hacia la población migrante.
El juicio arranca en un clima de fuerte expectación, pues su resultado podría sentar un precedente importante sobre la respuesta judicial frente al discurso de odio en España.
