📍 VALENCIA, 25 Abr. – La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número tres de Catarroja que invalide la transcripción escrita de la declaración que realizó el pasado 11 de abril en el marco de la investigación por la gestión de la dana. La representación legal considera que el documento entregado a las partes es un “esbozo incorrecto” y exige una versión literal que respete con fidelidad sus palabras.

Un resumen “parcial e incompleto”

El escrito presentado por el abogado de Pradas afirma que el documento actual no puede considerarse una verdadera transcripción, al tratarse de un resumen “parcial” que omite información clave. Durante su comparecencia, la exconsellera respondió a cerca de 140 preguntas en una sesión que se prolongó casi tres horas, con respuestas que, según la defensa, fueron “muy extensas y detalladas”, esenciales para esclarecer los hechos investigados.

Pradas está siendo investigada por un presunto delito de homicidio por omisión, en relación con la muerte de más de 200 personas durante la dana. Según la defensa, la minuciosidad de su intervención responde a la gravedad del procedimiento, por lo que consideran inaceptable que haya quedado reducida a un documento de apenas diez folios.

La defensa insiste en una transcripción íntegra

Aunque la declaración fue grabada en vídeo, la defensa de Pradas alega que es imprescindible una transcripción fiel al contenido original, que respete tanto los matices como los aspectos relevantes de su intervención, tal y como exige el derecho a una defensa justa.

En su testimonio, Pradas insistió en que su papel durante la emergencia era “institucional” y que carecía de conocimientos técnicos sobre gestión de emergencias, así como de asesores en la materia. Aseguró que confió en los expertos, como exige el protocolo, y que seguir sus indicaciones era lo responsable para evitar incurrir en temeridad o incluso prevaricación.

Coordinación técnica y responsabilidades

La exconsellera explicó que el funcionamiento del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) seguía un plan de actuación automatizado, diseñado para ejecutarse sin necesidad de decisiones políticas. Señaló que su equipo se limitaba a una jefa de gabinete, un jefe de prensa y asesores parlamentarios y generales, sin expertos en emergencias.

Además, apuntó que la coordinación técnica recaía en el comité asesor del Cecopi, mientras que tanto ella como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tenían un papel meramente representativo.

Por último, Pradas responsabilizó a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de la falta de información crítica durante las horas previas a la tragedia, y negó que la activación de alertas se retrasara esperando la llegada del president de la Generalitat, Carlos Mazón.