La defensa de Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de Valencia y sobrino del exconseller Rafael Blasco (condenado por el caso Cooperación), ha solicitado este martes la nulidad del juicio por el conocido como caso Ovaldos. En esta causa se le acusa, junto a otras diez personas, de integrar una trama que presuntamente desvió fondos procedentes de contratos públicos del hospital entre 2005 y 2014.
El letrado de Blasco alega “falta de indicios” y ha calificado el proceso como “una inquisición general contra múltiples personas, muchas de ellas ni siquiera investigadas ni acusadas”. Según la defensa, la causa se basa únicamente en su apellido y en “supuestas amistades en redes sociales”, así como en una relación forzada con el empresario Augusto César Tauroni, condenado junto a Rafael Blasco.
Petición de nulidad y vulneración de derechos
Durante el turno de cuestiones previas, el abogado pidió anular el procedimiento desde la incoación de diligencias al considerar que no existe ningún relato de hechos delictivos sólido. Además, denunció una supuesta vulneración del derecho a la intimidad de Sergio Blasco por la incorporación de viajes personales y laborales al sumario, así como la falta de control en las incautaciones.
Otros letrados de empresarios acusados se sumaron a la petición de nulidad, argumentando la ausencia de conductas delictivas concretas y una investigación “prospectiva y sin detalle”.
La defensa también solicitó que Blasco quede exento de asistir a todas las sesiones del juicio —previsto hasta diciembre—, ya que actualmente dirige un hospital en la República Dominicana y ello “interfiere en su trabajo”.
Los acusados y los delitos imputados
Un total de once acusados se enfrentan a cargos de prevaricación, malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias y cohecho. El Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia procesó a todos ellos, aunque excluyó a Rafael Blasco, al no encontrar indicios de su implicación en los expedientes analizados.
Según el instructor, Sergio Blasco habría tejido una red de empresas pantalla que obtenían contratos públicos del Hospital General para después subcontratar servicios ficticios, sin actividad real, con el objetivo de justificar pagos y repartirse beneficios ilícitos. En muchos de estos contratos, además, se detectaron irregularidades administrativas.
El caso se inició a raíz de una querella de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, que derivó en la apertura del procedimiento judicial.
