El conocido agitador digital vuelve a comparecer ante el Tribunal Supremo por los presuntos ataques a la fiscal valenciana, mientras insiste en defender su actuación como simple “crítica política”

En el siempre inquieto panorama político-mediático de España —y más concretamente de Valencia, donde parece que nunca faltan los titulares llamativos—, un nuevo episodio protagonizado por el polémico personaje digital conocido como Alvise (Luis Pérez Fernández) vuelve a generar titulares, debates encendidos y, cómo no, un aluvión de comentarios en redes sociales. La última entrega de este culebrón judicial y mediático gira en torno al presunto acoso en redes sociales hacia la fiscal valenciana Susana Gisbert, una profesional de larga trayectoria muy conocida en el ámbito judicial y público de la Comunitat Valenciana.

Pero como siempre ocurre en estos casos, nada es tan simple como parece. Lo que para algunos es un caso de acoso claro, para otros es una cuestión de libertad de expresión, crítica política y, según el propio Alvise, “denuncia legítima frente al poder establecido”. Vamos a sumergirnos, sin escatimar en detalles, en este entramado que une la política, la justicia y las redes sociales, ese tridente contemporáneo que tanto nos entretiene.

¿Quién es Alvise? ¿Por qué vuelve a estar en el foco mediático?

Para los pocos despistados que todavía no lo ubiquen, Luis Pérez Fernández, conocido por su apodo digital Alvise, ha construido su notoriedad a base de lanzar acusaciones, filtraciones y supuestas “exclusivas” que rara vez son contrastadas por medios tradicionales, pero que encuentran gran eco en un público ávido de contenido disruptivo. Un perfil que mezcla activismo, espectáculo, populismo digital y estrategias de comunicación agresivas, que le ha granjeado tanto fervientes seguidores como detractores encarnizados.

No es su primera cita con la justicia. De hecho, esta es su segunda comparecencia voluntaria en el Tribunal Supremo en lo que va de año. Y mientras tanto, ya se anuncia una tercera causa abierta. Lo que, de alguna manera, parece ir consolidando su rol como mártir de su propia narrativa: la del ciudadano que, según él, “denuncia las cloacas del Estado” frente a un sistema que intenta silenciarle. Una imagen que, aunque muy cuestionada en los despachos judiciales, funciona de maravilla en términos de viralidad.

La fiscal Susana Gisbert: el otro rostro de la polémica

Frente a Alvise, la fiscal Susana Gisbert es todo lo contrario: una figura institucional, profesional del Ministerio Fiscal con amplia trayectoria en Valencia, especializada en violencia de género y derechos humanos. Más allá de su trabajo en los tribunales, Gisbert es también conocida por su presencia divulgativa y sus intervenciones públicas defendiendo los valores democráticos y el trabajo del Ministerio Fiscal.

En los últimos meses, la fiscal ha sido objeto de numerosas publicaciones de Alvise en sus canales de comunicación digital, donde se le atribuyen diversas acusaciones, insinuaciones y descalificaciones, algunas de ellas claramente personales. Desde la publicación de supuestos datos personales hasta insinuaciones sobre su imparcialidad o conducta profesional. Todo ello en el marco de una estrategia de presión digital que las autoridades judiciales ya están evaluando como un posible caso de acoso.

La defensa de Alvise: “Esto es crítica política”

En su reciente comparecencia voluntaria ante el Tribunal Supremo, Alvise ha mantenido su habitual tono desafiante. Según sus declaraciones, todo lo publicado en relación con la fiscal Gisbert forma parte de su “crítica política legítima”, amparada bajo el derecho a la libertad de expresión y al control ciudadano sobre el poder judicial.

Para el agitador digital, sus publicaciones no constituyen ataques personales, sino que forman parte de su estrategia de denuncia frente a lo que él considera un sistema judicial “politizado”. Una posición que, como es habitual, divide a la opinión pública entre los que aplauden su valentía y los que lo acusan de sobrepasar todos los límites éticos y legales.

El Supremo empieza a trazar líneas rojas

Pero las cosas empiezan a complicarse para Alvise. La justicia está analizando hasta qué punto esa “crítica política” puede derivar en acoso personal, especialmente cuando se utilizan las redes sociales para amplificar mensajes que pueden afectar gravemente la reputación, la seguridad o el bienestar personal de los afectados.

La fiscalía, por su parte, considera que los mensajes vertidos contra Susana Gisbert no tienen cabida dentro del debate político legítimo, sino que constituyen un ataque personal sistemático que podría tipificarse como acoso. No se trata, argumentan los fiscales, de cuestionar decisiones profesionales mediante argumentos jurídicos o políticos, sino de alimentar campañas de desprestigio en un contexto claramente intimidatorio.

¿Un caso aislado o el síntoma de una tendencia preocupante?

Este caso no es, ni mucho menos, una anécdota aislada. Refleja un fenómeno creciente en España —y en particular en Valencia, donde el debate político se ha caldeado notablemente en los últimos años— en el que la frontera entre la libertad de expresión y el acoso judicial y personal parece cada vez más difusa.

La utilización de plataformas digitales para lanzar campañas masivas de señalamiento, escarnio o acoso no es nueva, pero la proliferación de figuras como Alvise —que operan al margen de los medios tradicionales— está obligando a los tribunales a enfrentarse a dilemas jurídicos cada vez más complejos: ¿hasta dónde puede llegar la crítica política en la era digital? ¿Dónde empieza el acoso personal? ¿Y quién marca esas líneas?

La tercera causa pendiente: el horizonte judicial se ensombrece

Mientras tanto, Alvise ya tiene marcada en su agenda una tercera cita judicial, relacionada con otros presuntos delitos de injurias, revelación de secretos y desinformación en redes. Este conjunto de procesos abiertos podría sentar un precedente relevante sobre cómo se interpreta el papel de los nuevos comunicadores digitales en el ecosistema mediático español.

Alvise, fiel a su estilo, convierte cada nueva investigación en un capítulo más de su relato de persecución política. Pero el sistema judicial avanza, y cada nueva causa va sumando riesgos judiciales considerables, incluidas posibles penas de prisión si finalmente es condenado.

¿Y qué dice la opinión pública valenciana?

En las calles de Valencia, este tema tampoco pasa desapercibido. Mientras algunos ven en Alvise una suerte de Robin Hood digital que planta cara al poder, otros consideran que sus actuaciones no son más que un burdo ejercicio de populismo tóxico que daña el prestigio de las instituciones democráticas. Las asociaciones de fiscales y jueces, por supuesto, han mostrado su apoyo a Susana Gisbert y reclaman una defensa firme de la independencia judicial frente a este tipo de ataques.

En paralelo, la clase política valenciana observa el caso con un ojo en los tribunales y otro en las encuestas, sabiendo que estas polémicas influyen inevitablemente en el clima preelectoral que se respira de fondo.

Conclusión: el nuevo campo de batalla judicial-digital

Lo que está ocurriendo con el caso Alvise-Susana Gisbert es mucho más que un rifirrafe personal. Refleja un fenómeno que trasciende Valencia y España: la tensión creciente entre la libertad de expresión, el activismo digital, el populismo mediático y la protección de los derechos individuales. Un terreno cada vez más complejo donde los jueces tienen que lidiar con discursos polarizantes, audiencias hipermovilizadas y fronteras legales aún por definir del todo.

Y ahora la gran pregunta para los lectores: ¿Estamos asistiendo al inevitable choque entre la democracia tradicional y las nuevas reglas del juego mediático-digital, o simplemente a un episodio más de los excesos de las redes?