La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana ha manifestado su apoyo a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana ocurrida el pasado 29 de octubre, que dejó 229 víctimas mortales, además de numerosos daños personales y materiales. En este contexto, ha solicitado la inadmisión de la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra la magistrada, al no encontrar evidencias de prevaricación.
Dicha posición se refleja en el dictamen presentado este martes por la Fiscalía en relación con la querella interpuesta contra la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra.
El ministerio público, tras evaluar la querella, ha concluido que debe ser inadmitida puesto que las acciones de la jueza no contienen los elementos constitutivos del delito de prevaricación judicial. Según su valoración, no existe fundamento para considerar que la actuación judicial encaje en el delito de coacciones, ya que la instructora emitió sus resoluciones en el ejercicio de sus funciones y, frente a estas, la parte afectada tuvo la posibilidad de impugnarlas a través del sistema de recursos previsto por la norma procesal penal.
La Fiscalía considera que no se puede equiparar el rechazo judicial a las pretensiones de una parte con la violencia descrita en el artículo 172 del Código Penal, de acuerdo con los límites establecidos por la jurisprudencia. Además, enfatiza que la magistrada actuó dentro de sus competencias, por lo que tampoco se cumple el requisito de haber obrado «sin estar legítimamente autorizado» que contempla el mismo artículo del Código Penal.
En cuanto a la imputación de prevaricación relacionada con dos resoluciones de la querellada, el ministerio público afirma que este procedimiento no es el adecuado para determinar si lo resuelto es o no acorde a derecho, ya que esa responsabilidad recaería en el tribunal que debía resolver los recursos de apelación, los cuales fueron abandonados por la querellante.
El fiscal añade que, respecto al auto del 23 de junio de 2025, tampoco se puede catalogar la decisión como un delito de prevaricación judicial. La Fiscalía reconoce que el requerimiento realizado por la instructora a las acusaciones personadas podría parecer inusual, dadas las circunstancias del proceso, pero aclara que instar a las acusaciones a pronunciarse sobre la existencia de indicios de criminalidad respecto a los dos investigados no representa, en sí mismo, una contradicción con el derecho que justifique considerarlo injusto.
