La Conselleria de Medio Ambiente denuncia ante la Fiscalía posibles delitos ecológicos por la gestión de residuos y automóviles en el barranco del Poyo. La Confederación Hidrográfica del Júcar niega las acusaciones y asegura que cumple con la normativa.
Un conflicto medioambiental que agita la actualidad en Valencia
La gestión de los efectos de la última DANA vuelve a encender las alarmas medioambientales en la Comunitat Valenciana. Esta vez, el foco está en Riba-roja de Túria, donde el barranco del Poyo se ha convertido en el epicentro de una denuncia por parte de la Generalitat contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHX).
La Conselleria de Medio Ambiente ha presentado dos denuncias ante la Fiscalía Provincial de Valencia, acusando a la CHX de prácticas inadecuadas en la retirada de residuos y de más de 300 vehículos afectados por la riada del 29 de octubre. Según las autoridades autonómicas, en varias parcelas colindantes al cauce del barranco se han vertido materiales contaminantes sin ningún tipo de tratamiento previo, contraviniendo la normativa ambiental vigente.
Residuos sin tratar en una parcela de siete hectáreas
Raúl Mérida, secretario autonómico de Medio Ambiente, ha asegurado que los agentes medioambientales han emitido tres informes en los que se constata el traslado de residuos desde el cauce del barranco a la parcela número 14 del polígono 22 en Riba-roja. Se trata de una zona de aproximadamente siete hectáreas, donde se han detectado vertidos de plásticos, madera, neumáticos y textiles, todos ellos depositados sin medidas de aislamiento ni acondicionamiento del terreno.
“Esta práctica es absolutamente inaceptable. Estamos hablando de una gestión que pone en riesgo el medio ambiente y la salud de los ciudadanos”, declaró Mérida durante su comparecencia.
Más de 300 vehículos abandonados sin identificar
Además del problema con los residuos, el foco de la denuncia también apunta a la presencia de vehículos sin retirar. En concreto, se han contabilizado 217 coches apilados en la parcela número 2 del mismo polígono, a los que se suman otros 84 identificados en inspecciones posteriores, alcanzando un total de 301 unidades.
Estos vehículos, muchos de ellos en evidente estado de deterioro, permanecen en el lugar más de siete meses después de la catástrofe meteorológica, sin que sus propietarios hayan podido gestionarlos ni tramitar ayudas por su pérdida. “Es una situación de indefensión que no se puede prolongar más. Estamos hablando de centenares de familias que siguen sin solución”, subrayó Mérida.
Una responsabilidad compartida según la normativa
La gestión de estos automóviles, según la Generalitat, debe realizarse conforme al Real Decreto-ley 8/2024. Este establece que la responsabilidad depende de la localización: la CHX debe encargarse de los vehículos situados en cauces, la Generalitat de los que estén en vías autonómicas y los ayuntamientos de los ubicados en parcelas municipales.
Con esta base legal, desde el gobierno valenciano se insiste en que la CHX debió asumir su parte en la retirada, y no trasladar los restos sin control ni trazabilidad. Para evitar que estos errores se repitan, se ha activado un contrato por valor de casi 180 millones de euros destinado a garantizar la correcta gestión de las más de un millón de toneladas de residuos generados por la DANA.
La CHX niega las acusaciones y defiende su actuación
En respuesta a estas acusaciones, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha negado rotundamente haber realizado vertidos ni acumulado vehículos en las parcelas señaladas. Según la entidad, en estos momentos no está llevando a cabo ningún trabajo en la zona, y en anteriores intervenciones siempre ha actuado conforme a lo establecido por la ley.
Además, fuentes de la CHX apuntan a que los residuos podrían proceder de un antiguo vertedero del que no se tenía constancia hasta ahora, y que habría quedado al descubierto tras las actuaciones del Ministerio de Transportes en la autovía A-3.
En relación con los vehículos, aseguran que los que están gestionando se están tratando correctamente, conforme a las normativas ambientales. Sobre los 300 coches mencionados en la denuncia, alegan desconocer su origen y recalcan que podrían estar en parcelas privadas, fuera del dominio público hidráulico.
Críticas por la “falta de pruebas” y peticiones de colaboración
La CHX ha lamentado que la Generalitat haya recurrido a la vía judicial “sin haber realizado las diligencias previas necesarias” y ha manifestado su disposición a colaborar con todas las administraciones implicadas para restaurar el entorno dañado por las lluvias torrenciales.
Por su parte, desde el Consell se insiste en la gravedad de los hechos y en la necesidad de actuar con contundencia. “No podemos permitirnos mirar hacia otro lado cuando el entorno natural de Valencia está siendo agredido”, reiteró Mérida.
Una situación que preocupa a vecinos y ecologistas
En los alrededores del barranco del Poyo, vecinos como Teresa Gimeno, residente en Riba-roja desde hace más de 20 años, expresan su preocupación. “Desde la DANA, esto ha sido un caos. Primero fue el agua, luego los residuos y ahora los coches abandonados. Esto no es solo feo, es peligroso.”
Organizaciones ecologistas de la Comunitat han mostrado su respaldo a la denuncia presentada por la Generalitat, alertando del impacto a largo plazo que pueden tener estos vertidos sobre los acuíferos y la biodiversidad del entorno.
Conclusión: una gestión medioambiental bajo el microscopio
La polémica entre la Generalitat y la CHX revela las tensiones que pueden surgir cuando varias administraciones comparten competencias pero divergen en criterios y actuaciones. Mientras la justicia investiga lo ocurrido, el caso ha puesto de relieve la necesidad de mejorar los protocolos de gestión post-catástrofe, garantizando siempre la protección del medio ambiente y los derechos de los ciudadanos.
La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿cómo es posible que, tantos meses después, todavía no se haya resuelto esta situación?
