La operación “Finoplast” ha permitido detener a cinco personas e investigar a otras 15 por trasladar más de 41.000 toneladas de residuos de forma ilícita entre Europa, Asia y África
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal internacional de residuos plásticos en una operación que afecta de forma directa a la Comunidad Valenciana. En total, se han detectado más de 41.000 toneladas de residuos gestionados de forma irregular, parte de ellos almacenados en instalaciones clandestinas en municipios como Alberic (Valencia), que se utilizaban como puntos logísticos para el transporte ilícito a terceros países.
El caso comenzó con un vertedero ilegal en León
La investigación arrancó en 2022 tras descubrirse un vertedero ilegal en una antigua ladrillera en la comarca del Bierzo (León), con miles de toneladas de residuos plásticos, muchos de ellos procedentes de la agricultura. Los agentes del SEPRONA detectaron que estos materiales no contaban con las autorizaciones ambientales necesarias.
A medida que avanzaban las pesquisas, se descubrió que gran parte de los residuos eran trasladados desde Francia y Portugal hacia España utilizando camiones de gran tonelaje en sus trayectos de retorno. Estos residuos se almacenaban de manera irregular tanto en León como en La Bañeza y en Alberic (Valencia), sin cumplir los requisitos legales.
Exportaciones ilegales y manipulación documental
La organización no solo almacenaba la basura en instalaciones ilegales, sino que exportaba buena parte a terceros países —India, Pakistán, Turquía, Vietnam, Marruecos, Angola o Emiratos Árabes— haciéndolos pasar por material reciclado. Para evitar los controles aduaneros, utilizaban una técnica de ocultación mediante “tapaderas” de balas de plástico limpio en la parte delantera de los contenedores, escondiendo detrás el residuo contaminado.
Se han detectado al menos 22.785 toneladas de residuos exportados de manera fraudulenta a destinos en Asia, África y Europa, violando tanto la normativa española como la legislación ambiental europea e internacional.
Valencia, punto clave de la red
Una de las instalaciones clave para el almacenaje clandestino estaba situada en Alberic. Allí, la Guardia Civil tomó 16 muestras de residuos plásticos, de las cuales 15 contenían compuestos tóxicos según los análisis realizados por el Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona.
El uso de estos espacios no autorizados suponía un grave riesgo medioambiental y para la salud pública, ya que los residuos quedaban expuestos sin control alguno, generando posibles filtraciones y emisiones contaminantes.
Colaboración internacional y prisión provisional
La operación ha contado con la colaboración de Eurojust, Europol, la Gendarmería Nacional Francesa y la Policía Judiciaria Portuguesa. Se han emitido 21 órdenes europeas de investigación y se ha intervenido documentación en cuatro empresas, dos viviendas y otras cuatro instalaciones inspeccionadas.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Ponferrada, que dirige el procedimiento, ha decretado prisión provisional para el presunto cabecilla de la trama. Las investigaciones patrimoniales y la recuperación de activos han sido encomendadas a la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos del Ministerio de Justicia.
Impacto ambiental y económico
El impacto de esta red criminal no solo ha sido ambiental, sino también económico. Eludir los controles legales en la gestión de residuos permite a estas mafias reducir costes y competir deslealmente con empresas que operan dentro del marco normativo.
“Estas prácticas son una amenaza directa al medio ambiente y a la economía circular”, ha declarado una fuente del SEPRONA. También ha subrayado que sin una vigilancia constante y una respuesta judicial contundente, estas redes seguirán aprovechando los vacíos legales y logísticos del sistema europeo de residuos.
Conclusión: lucha internacional contra el ecodelito
La operación “Finoplast” es un ejemplo de cooperación policial y judicial a escala europea para frenar un delito ambiental que no conoce fronteras. Con una logística internacional sofisticada, estas organizaciones convierten los residuos en mercancía lucrativa a costa de la legalidad y del medio ambiente.
Desde Valencia, uno de los puntos neurálgicos de la red desmantelada, se lanza un mensaje claro: la vigilancia sobre el tráfico ilegal de residuos se intensificará.
