El juzgado de Catarroja solicita las capturas de pantalla que avalen el momento exacto en que se alertó sobre la emergencia. La investigación penal sobre la gestión del ES-Alert suma nuevas contradicciones.
El foco judicial se estrecha sobre los primeros minutos clave
La investigación penal que analiza la gestión de la DANA que azotó la Comunitat Valenciana el pasado octubre suma un nuevo giro. La jueza instructora del juzgado número 3 de Catarroja ha ordenado este viernes la aportación de capturas de pantalla que confirmen la hora exacta de la primera llamada en la que se sugirió enviar el ES-Alert, el sistema de aviso masivo que se activa en situaciones de riesgo grave.
El técnico responsable de validar el envío del mensaje, que ya declaró esta semana como testigo, afirmó que a las 18:36 horas recibió el primer contacto de su superior —el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez— sugiriéndole valorar dicha posibilidad. La jueza ahora quiere pruebas documentales que lo respalden.
Nuevas citaciones clave: la CHX y Medio Natural
Además de esta diligencia, la magistrada ha citado a declarar como testigos a dos nuevas figuras relevantes:
- Luis Gomis, director general del Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente.
- Una técnica del Servicio Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHX).
Ambos estuvieron involucrados en la gestión de la emergencia desde sus respectivas áreas y su testimonio podría arrojar luz sobre las decisiones adoptadas entre las 18:00 y las 20:00 horas del día de la DANA, un tramo horario cada vez más clave para entender el retraso en la activación de las alertas.
Un cruce de versiones que inquieta
La declaración del técnico ha generado gran impacto por la precisión cronológica con la que relató los contactos, dudas, validaciones y comunicaciones previas al envío del mensaje ES-Alert a la población.
Sin embargo, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, presente ese día en la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada), afirmó este viernes que en esa reunión no se trató el tema del ES-Alert hasta las 19:00 horas, contradiciendo la versión del técnico. Esta discrepancia ha empujado a la jueza a actuar.
La presión de la acusación: papel de la Intersindical Valenciana
La nueva diligencia responde a una solicitud expresa de la acusación popular, ejercida por la Intersindical Valenciana, que solicitó que se exigieran las pruebas que respalden lo declarado por el técnico.
La intención es verificar si efectivamente hubo una demora en la toma de decisiones, o si, como apuntan algunos sectores, el sistema de emergencias pudo haber actuado con más antelación y eficacia.
Un sistema en entredicho
El sistema ES-Alert fue diseñado para enviar mensajes inmediatos a móviles ante riesgos inminentes: inundaciones, incendios, desastres naturales. En este caso, el mensaje se activó demasiado tarde para algunos de los municipios más afectados por la DANA, según critican numerosos colectivos vecinales.
La controversia reside en determinar quién debió pulsar el botón y cuándo. De momento, las versiones son opuestas, y el juzgado intenta recomponer la cronología exacta para dirimir responsabilidades.
Cecopi bajo lupa
El Cecopi —órgano que reúne a técnicos, responsables políticos y cuerpos de emergencia— tuvo un papel central en la gestión de la crisis. Su reunión aquel día fue fundamental. La investigación quiere determinar si en ese encuentro se habló del envío del ES-Alert y si hubo consenso, dudas o descoordinación.
Cabe destacar que algunos miembros del Cecopi han declarado que se debatieron múltiples escenarios, pero sin unanimidad sobre cuándo proceder con la alerta.
Conclusión: una causa que se intensifica
Lo que empezó como una crítica política se ha convertido en una investigación judicial con posibles consecuencias penales. La ciudadanía quiere saber si los fallos en la gestión de la alerta influyeron en la magnitud de los daños humanos y materiales.
La jueza avanza con paso firme en su búsqueda de la verdad. En las próximas semanas, con nuevas comparecencias y pruebas documentales, podríamos acercarnos a la respuesta: ¿hubo negligencia o simplemente un sistema que no respondió con la rapidez debida?
