La jueza de la DANA pide al juzgado de Llíria información sobre el audio incompleto entre Emergencias y Aemet del 29 de octubre
También reclama a Servicios Sociales los informes sobre la muerte de seis residentes en Paiporta durante las riadas
La magistrada del Juzgado de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 ha solicitado al juzgado de Llíria las diligencias abiertas en relación con la llamada entre una trabajadora del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y una técnica de la Aemet, después de que se difundiera públicamente un audio incompleto y alterado.
Este procedimiento en Llíria se inició tras una denuncia de la propia Aemet y un pronunciamiento de la Fiscalía Provincial de Valencia que apreciaba indicios de delito en esa difusión. La jueza considera necesario incorporar ese testimonio a la investigación de Catarroja.
La conversación omitida en las transcripciones
La acusación popular de FETAP-CGT había solicitado la transcripción íntegra de la llamada mantenida a las 12:01 horas del 29 de octubre, en la que la predictora de la Aemet advertía que “a las 15:00 horas empezará lo peor” en el interior norte de Valencia. Sin embargo, esa conversación no aparece reflejada en los documentos entregados al juzgado, lo que ha generado dudas sobre su ocultación.
La jueza recuerda que las grabaciones originales son el material probatorio válido y deben estar a disposición de las partes, no simples transcripciones sin control judicial. Además, ordena al CCE identificar a las personas que pidieron a la Aemet ajustar predicciones a muy corto plazo para zonas concretas.
Fallecidos en la residencia de Paiporta
En otro auto, la instructora ha solicitado a la Conselleria de Servicios Sociales los informes relacionados con la muerte de seis usuarios de la residencia de Paiporta durante la DANA. La petición responde a la acusación particular que reclamaba información sobre protocolos de evacuación, comunicaciones y periciales médicas.
No obstante, la jueza descarta ampliar esas diligencias al entender que los fallecimientos derivan, sobre todo, de la falta de avisos a la población y de la inactividad de la Administración autonómica en materia de protección civil, pero sin indicios de delito en la gestión del centro.
Próximos pasos en la instrucción
La jueza subraya que la población en general, no solo la residencia, sufrió la ausencia de alertas que habrían permitido medidas de autoprotección. Además, ha ordenado a la Policía Judicial de la Guardia Civil la descarga de diversos vídeos publicados en YouTube, citados en un auto previo de septiembre, para su incorporación al procedimiento.
