“Era una situación de guerra”, afirma Lucía Mayordomo, titular del juzgado de Torrent que coordinó desde una estación de servicio los levantamientos de cadáveres

El 29 de octubre de 2024 pasará a la historia como uno de los días más oscuros para la provincia de Valencia. La DANA que arrasó l’Horta Sud dejó 227 fallecidos, un desaparecido, miles de damnificados y una estela de destrucción aún visible seis meses después. En mitad de ese escenario desolador, sin electricidad, sin cobertura, sin protocolos claros, una jueza de guardia decidió actuar.

Lucía Mayordomo, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrent, fue quien aquel día —sin tiempo para esperar órdenes— convirtió una gasolinera de Paiporta en un juzgado de campaña. Era el único punto de la zona que tenía luz. Desde allí, junto a su equipo, organizó los primeros levantamientos de cadáveres y coordinó las primeras actuaciones judiciales en lo que ella misma define como “una situación de guerra”.

“Nos quedamos atascados en el barro”

Mayordomo relata, en un reportaje de 20 minutos publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cómo recibió la llamada de un guardia civil de Paiporta alertando de fallecidos en garajes y en la vía pública. En compañía del forense y del conductor del vehículo oficial, se dirigieron a la zona… hasta que se quedaron atrapados en una rotonda colapsada, sin luz, con coches apilados, cañas y lo que luego descubrieron que eran cuerpos.

Fue entonces cuando tomaron una decisión vital: establecer el juzgado de guardia en una estación de servicio cercana, frente al Puesto de Mando. “No había protocolo establecido, salvo el sentido común”, explica. Allí, sin ordenadores ni expedientes, comenzaron a actuar.

“Trabajamos con cabeza y corazón”

Aquel día se sumaron también María Espejo, letrada de la Administración de Justicia del juzgado, y otros funcionarios, que acudieron desde varios partidos judiciales para ayudar. Montaron, sin apenas medios, una estructura funcional para registrar fallecidos, elaborar bases de datos, realizar diligencias previas y preservar pruebas.

“No miramos relojes, ni pensábamos en los medios que teníamos”, recuerda la jueza. “Aquí hemos trabajado con cabeza y corazón”, añade Espejo. Las primeras horas fueron literalmente a mano, sin ordenadores, sin luz, anotando todo en papel hasta poder digitalizarlo días después.

El equipo consiguió generar un cuadro de mandos completo con ubicación, identidad, características físicas y contexto de cada fallecido. Un trabajo fundamental para la justicia y las familias, hecho en condiciones precarias y con enorme carga emocional.

“No había escalafones”

Raquel Cervera y Mari Cruz Ortí, tramitadoras del juzgado, coinciden en que esos días no existían jerarquías. “No había escalafones, solo trabajo y apoyo mutuo”, explican. Destacan que otros funcionarios se ofrecieron voluntariamente para colaborar. Lo importante era que todo funcionara, que se pudieran identificar a las víctimas, que nadie quedara olvidado.

La magistrada insiste en que se necesita más apoyo y más medios. “Si salió bien fue porque todos pusieron lo mejor de sí mismos, desde la señora de la limpieza hasta el fiscal”. Y añade: “Lo que hicimos fue humano, legal y urgente. Pero lo hicimos sin apenas herramientas”.

Reconocimiento excepcional del CGPJ

Esta es la primera vez que el Consejo General del Poder Judicial publica un vídeo de este tipo para visibilizar el trabajo de los funcionarios judiciales en una emergencia. El documental, de 21 minutos, pone rostro al esfuerzo invisible de quienes, entre barro, cadáveres y caos, decidieron hacer justicia en mitad del desastre.

Mientras algunos dirigentes políticos se alejaban de la zona cero, y otros evitaban pisarla, el sistema judicial se instalaba literalmente junto a los surtidores de gasolina para hacer su parte. Y lo hizo.