📍 Picassent (Valencia), 17 de abril de 2025
Los teléfonos móviles se han convertido en uno de los objetos más codiciados dentro de las cárceles españolas. En el centro penitenciario de Picassent, entre 2018 y 2024, se han decomisado un total de 653 terminales, según ha informado el sindicato Acaip-UGT Valencia. Solo en el año 2024, fueron requisados 72 dispositivos móviles dentro de este centro.
El dato pone de manifiesto un fenómeno creciente y preocupante: el tráfico de móviles en prisión no solo vulnera las normas de seguridad, sino que abre la puerta a la continuidad de actividades delictivas y genera graves conflictos dentro de los muros penitenciarios.
Un mercado negro con graves consecuencias
El acceso a teléfonos móviles en prisión está prohibido precisamente por las implicaciones que conlleva: permite a los internos eludir los controles de comunicación establecidos, contactar con el exterior sin supervisión e incluso dirigir operaciones criminales desde dentro, especialmente en el caso de presos por terrorismo o miembros de bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas legal o judicialmente.
A ello se suma la aparición de un verdadero mercado negro dentro de los centros penitenciarios, donde el control y la posesión de móviles generan deudas, amenazas, violencia interna y chantajes. Los teléfonos, convertidos en moneda de cambio, son símbolo de poder entre los internos.
Una lucha desigual: medios insuficientes y métodos sofisticados
Según denuncian desde Acaip-UGT, los funcionarios penitenciarios trabajan con medios claramente insuficientes frente a este desafío. Los dispositivos cada vez son más pequeños, con materiales plásticos que escapan fácilmente a los detectores de metales, y se ocultan en los lugares más insospechados.
Además, la falta de personal especializado y de formación en técnicas de detección complica aún más las requisas, que deben realizarse de forma minuciosa para tener éxito.
«Pese a todo, los empleados públicos penitenciarios siguen demostrando compromiso y profesionalidad», ha señalado el sindicato, destacando el esfuerzo constante de los trabajadores del centro.
Una amenaza en el aire: la irrupción de los drones
Uno de los elementos más alarmantes en esta lucha por la seguridad es la utilización de drones para introducir teléfonos móviles u otros objetos dentro de las cárceles. Estos aparatos, difíciles de detectar y capaces de sobrevolar el perímetro penitenciario sin ser interceptados, suponen una vulneración directa del sistema de seguridad tradicional.
Casos como el reciente intento de fuga o las comunicaciones clandestinas detectadas en otros centros muestran que los drones ya no son una posibilidad remota, sino una amenaza real y frecuente.
Acaip reclama inversión urgente en tecnología penitenciaria
Desde el sindicato Acaip-UGT insisten en la necesidad de una inversión decidida en seguridad tecnológica. Los inhibidores instalados hace años, basados en tecnologías 3G obsoletas, han quedado totalmente superados por el avance de las redes móviles actuales.
“Es imprescindible dotar a los centros penitenciarios de inhibidores modernos, capaces de bloquear redes 4G y 5G, y sistemas antidrón que protejan las instalaciones de intrusiones aéreas”, reclaman.
También se solicita la implementación de escáneres corporales avanzados, mejores protocolos de requisa, y plantillas suficientes y formadas para hacer frente al reto que supone la entrada masiva y silenciosa de teléfonos móviles en prisión.
Un reto para el sistema penitenciario español
El fenómeno no se limita a Picassent. A nivel nacional, Instituciones Penitenciarias ha contabilizado 12.882 móviles decomisados entre 2018 y 2024, lo que evidencia una problemática estructural en todo el sistema. Sin una respuesta contundente, la seguridad penitenciaria corre el riesgo de seguir viéndose comprometida.
Conclusión: más control y tecnología para un problema invisible
La presencia de móviles en prisión no es solo una cuestión de contrabando: es un riesgo directo para la seguridad pública, que afecta tanto al funcionamiento interno de los centros como a la sociedad en su conjunto. Mientras los métodos de introducción se perfeccionan, la tecnología para detectarlos y prevenirlos permanece estancada.
La prisión de Picassent es solo un ejemplo más de una batalla silenciosa que exige soluciones urgentes.
