La UME, la Guardia Civil, Protección Civil, Policía Nacional y los distintos cuerpos que intervienen en esta emergencia han solicitado unánimemente al CECOPI que se adopten medidas extraordinarias para limitar la circulación de personas no residentes en las zonas del área metropolitana de Valencia más afectadas por las inundaciones durante el domingo con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y facilitar los trabajos de emergencia.
Así lo ha confirmado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, tras la reunión del CECOPI en la que se ha acordado esta medida por unanimidad y tras la conformidad de los alcaldes de los municipios afectados por esta orden. Las restricciones estarán vigentes desde las 00:00 del domingo 3 de noviembre hasta las 23:59 del mismo día tras la publicación de la orden en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Martínez Mus ha destacado la necesidad de impulsar estas medidas “ante la necesidad de utilizar maquinaria pesada para profundizar en labores como la retirada de vehículos en una jornada en la que existe alerta amarilla en una parte significativa de la provincia de Valencia”. Los municipios que se verán afectados por estas restricciones son:
- Aldaya.
- Alaquàs.
- Picanya.
- Sedaví.
- Paiporta.
- Benetússer.
- Alfafar.
- Massanassa.
- Catarroja.
- Albal.
- Beniparrell.
Martínez Mus ha indicado que la ayuda sí se podrá canalizar a través de la Plataforma del Voluntariado, que organizará una nueva jornada solidaria con desplazamientos de autobuses. Se han previsto 2.000 plazas para el resto de municipios no afectados por la orden y que también han sufrido daños por la DANA.
Excepciones
De esta forma, en esta jornada se restringe el movimiento quedará restringido salvo para la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, el cumplimiento de obligaciones laborables, profesionales, empresariales, instituciones o legales o el retorno al lugar de residencia habitual o familiar. También se permitirá la asistencia y cuidado de personas mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, actuaciones requeridas o urgentes antes los órganos públicos, judiciales o notariales o cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
