El juicio civil por la muerte de 74 ancianos en la residencia DomusVi de Alcoy saca a la luz las deficiencias en la gestión de los centros geriátricos durante la pandemia. Las familias acusan de negligencia, mientras que la defensa sostiene que se actuó conforme a los protocolos sanitarios.

La residencia DomusVi en Alcoy, Alicante, está en el centro de una tormenta judicial sin precedentes. Los familiares de 18 de los 74 fallecidos por covid-19 en el centro durante los primeros meses de la pandemia exigen justicia y acusan a la empresa de negligencia en la atención de sus mayores. Con una petición de indemnización de 2,3 millones de euros, este juicio se ha convertido en el primero en España que cuestiona la gestión de una residencia durante la crisis sanitaria.

En los meses más críticos de la pandemia, entre marzo y abril de 2020, el 52,9% de los residentes de DomusVi Alcoy falleció. Para los allegados de 18 de las víctimas, esto fue resultado directo de la falta de previsión, escasa higiene y personal insuficiente, un cóctel que consideran letal para sus familiares. Este juicio plantea preguntas de largo alcance sobre la gestión de las residencias en tiempos de crisis y si la muerte de tantos ancianos podría haberse evitado con mejores medidas de control y prevención.

Familiares: «Una tragedia evitable»

La abogada de los familiares no ha escatimado en calificativos al referirse a la gestión de DomusVi Alcoy. Durante las conclusiones del juicio, señaló que «la falta del deber de cuidado» por parte de la residencia fue decisiva en el desenlace trágico. Según expuso, el centro priorizó la rentabilidad sobre la seguridad y salud de sus residentes, una política que, a su juicio, desató una ola de contagios incontrolada y provocó una «mortalidad masiva» entre los ancianos.

Uno de los puntos clave que se debatió en la vista fue la falta de sectorización del centro en los momentos iniciales de la pandemia. Aunque los protocolos sanitarios indicaban la necesidad de separar a los residentes según sus síntomas, la realidad fue bien distinta. «Todos los residentes comían en la misma sala», denunció la letrada, señalando esta medida como uno de los errores más graves del centro.

Otra de las críticas de las familias fue la falta de atención médica suficiente. El protocolo interno establecía 60 horas semanales de atención sanitaria, pero la residencia solo ofrecía 30, lo que, según las familias, agravó la situación y empeoró las condiciones de los residentes infectados. No fue hasta las últimas semanas, cuando las muertes ya eran significativas, que la atención se amplió a 40 horas semanales, un esfuerzo que llegó «demasiado tarde», según la acusación.

Comparaciones dolorosas: la gestión de DomusVi Cocentaina

Para reforzar su postura, los familiares compararon la gestión de DomusVi Alcoy con otra residencia de la misma empresa, situada en Cocentaina, a solo 10 kilómetros de distancia. En ese centro, durante el mismo periodo crítico, no hubo ninguna muerte por covid-19, lo que para los abogados de las víctimas demuestra que la tragedia en Alcoy no fue una consecuencia inevitable de la pandemia, sino de una mala gestión específica del centro.

Según los demandantes, las medidas de prevención y contención que sí se aplicaron en Cocentaina habrían salvado vidas en Alcoy si se hubieran implementado a tiempo. Este punto, que ha sido uno de los más impactantes en el juicio, ha llevado a los familiares a cuestionar por qué se aplicaron políticas tan dispares en dos residencias bajo la misma dirección.

La defensa: «No hubo negligencia»

Por su parte, la defensa de DomusVi ha mantenido en todo momento que la residencia actuó conforme a los protocolos sanitarios vigentes en aquel momento. La abogada del centro rechazó las acusaciones de negligencia, calificándolas de «ofensivas» e «infundadas», y subrayó que DomusVi Alcoy implementó todas las medidas que se conocían en las primeras semanas de la pandemia, un momento en el que la información sobre el virus era aún limitada y las directrices oficiales cambiaban a diario.

La defensa argumentó que en marzo de 2020 las autoridades sanitarias aún no habían ordenado medidas específicas de sectorización, y que en ese momento las recomendaciones se reducían al uso de jabón y gel hidroalcohólico. Solo a partir del 19 de marzo se emitieron directrices más claras sobre la separación de residentes según sus síntomas, y para entonces, la situación ya era crítica en Alcoy.

Además, la defensa cuestionó la relevancia de las acusaciones por falta de personal. Argumentaron que la residencia nunca incumplió los ratios mínimos de plantilla establecidos y que algunos familiares declararon durante el juicio que no tenían quejas sobre el trato recibido por parte de los empleados. También defendieron que, en un contexto en el que tanto familiares como trabajadores seguían entrando y saliendo del centro sin restricciones externas, era muy difícil controlar la propagación del virus.

Mapfre: una aseguradora en el centro del debate

Otro actor clave en este proceso es la aseguradora Mapfre, que cubría a DomusVi Alcoy y que ha tomado una postura firme en contra de la indemnización solicitada por las familias. Durante el juicio, la representante de Mapfre calificó la reclamación de 2,3 millones de euros como «escandalosa» y «ofensiva», y argumentó que no se ha demostrado ninguna relación causal directa entre las acciones del centro y la mortalidad registrada.

Mapfre, además, cuestionó la participación de algunas de las familias en el proceso, señalando que varios de los demandantes no habían visitado a sus parientes en años y solo se personaron en el juicio para reclamar la compensación económica. Este argumento, que fue compartido por la defensa de DomusVi, pretende restar credibilidad a las acusaciones y desacreditar la motivación de las familias que han llevado el caso a los tribunales.

El impacto en la opinión pública y las posibles consecuencias

Este juicio no solo ha captado la atención de los medios locales, sino que ha despertado el interés a nivel nacional, ya que podría sentar un precedente para futuras reclamaciones contra otras residencias. La pandemia de covid-19 puso de relieve las debilidades de muchos centros geriátricos en España, y el resultado de este juicio podría marcar un antes y un después en la regulación y supervisión de estos establecimientos.

Si bien es cierto que el contexto de emergencia sanitaria en 2020 fue excepcional y muchas decisiones se tomaron bajo presión y con información limitada, el desenlace de este caso podría derivar en cambios profundos en la forma en que las residencias deben gestionar futuras crisis sanitarias. Además, el juicio ha abierto un debate más amplio sobre la calidad de los cuidados a los mayores en España y la necesidad de una reforma estructural en el sector de las residencias.

El futuro de las residencias tras la pandemia

Independientemente de cuál sea el fallo final, lo cierto es que el juicio de DomusVi Alcoy ha puesto sobre la mesa cuestiones clave sobre la responsabilidad de las residencias de mayores y el nivel de atención que ofrecen en situaciones de crisis. La pandemia de covid-19 dejó lecciones importantes que tanto el sector sanitario como el gubernamental tendrán que considerar para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.

¿Crees que la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia fue adecuada? ¿O consideras que deberían implementarse cambios más estrictos para garantizar una mejor protección de los ancianos?