El presidente del Gobierno comparece por sorpresa a través de una declaración sin aceptar preguntas, lo que ha unificado a toda la oposición en una crítica feroz por la «falta de respeto democrático» en plena escalada bélica en Oriente Próximo.
POR: REDACCIÓN CENTRAL MADRID – 4 de marzo de 2026
España se encuentra en el epicentro de una tormenta geopolítica sin precedentes. Lo que comenzó como una discrepancia logística sobre el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) ha escalado hasta convertirse en un pulso directo entre la Casa Blanca y la Unión Europea. Sin embargo, mientras Bruselas cierra filas con Madrid, el frente interno español se agrieta: todos los grupos parlamentarios, desde la derecha hasta sus socios de investidura, han acusado a Pedro Sánchez de «caudillismo digital» tras eludir al Congreso y despachar la crisis con una declaración sin posibilidad de réplica.
Bruselas activa el escudo comercial
La tensión alcanzó su punto de ebullición este martes, cuando el presidente de EE. UU., Donald Trump, calificó a España de «aliado terrible» y amenazó con un «embargo comercial total». «Tengo derecho a detener todos los negocios con ellos. No quiero tener nada que ver con España», sentenció Trump en un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz. El motivo: la negativa de Madrid a permitir que las bases españolas sirvan de plataforma logística para la ofensiva aérea contra Irán.
La respuesta de la Unión Europea no se ha hecho esperar. La Comisión Europea ha advertido a Washington que cualquier sanción comercial contra España será considerada un ataque al Mercado Único. «La política comercial es competencia comunitaria; si tocan a un Estado miembro, responden ante los veintisiete«, señalaron fuentes diplomáticas en Bruselas. La UE ha activado sus protocolos de contramedidas, blindando las exportaciones españolas ante posibles aranceles punitivos.
El Congreso, en pie de guerra contra la «declaración TikTok»
A pesar del respaldo internacional, la gestión interna de Sánchez ha desatado una indignación unánime en la Carrera de San Jerónimo. En lugar de solicitar una comparecencia urgente en el Congreso para explicar una decisión que pone en jaque la seguridad y la economía nacional, el presidente optó por una declaración institucional sin preguntas, distribuida a través de canales oficiales y redes sociales, sin presencia de periodistas ni preguntas de los grupos parlamentarios.
«Es una comparecencia al estilo TikTok, una falta de respeto a la soberanía nacional en el momento más delicado de nuestra historia reciente», han denunciados varios líderes de grupos parlamentarios. La crítica no es solo de la derecha; los socios habituales del Gobierno han expresado su «estupefacción» por haberse enterado de la decisión sobre las bases por la prensa internacional.
«No se puede dirigir una crisis de estado con filtros de redes sociales y sin dar la cara ante los representantes de los ciudadanos», criticaron desde las filas de sus aliados parlamentarios.
El «No a la guerra» 2.0 frente al aislamiento
En el vídeo difundido, Sánchez se reafirmó en su postura: «España no será cómplice de una guerra unilateral que vulnera la legalidad internacional. No a la guerra significa no prestar nuestro suelo para ataques que no cuentan con el aval de la ONU». El presidente intentó apelar al espíritu de las movilizaciones de 2003, pero el contexto es muy distinto: España se enfrenta ahora a un aislamiento dentro de la propia OTAN, donde países como el Reino Unido ya han facilitado sus instalaciones a los estadounidenses.
La incertidumbre es máxima. Los sectores del aceite, el vino y el turismo —principales objetivos de las amenazas de Trump— miran con pánico a una Moncloa que parece haber cortado los puentes de comunicación con el resto del arco parlamentario.
Próximos pasos
La Mesa del Congreso ha recibido peticiones de comparecencia urgente de todos los colores políticos. La presión para que Sánchez abandone el «formato vídeo» y se someta al control parlamentario es ya insostenible. Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores trabaja a contrarreloj para evitar que la retirada de activos estadounidenses de Rota y Morón se convierta en una ruptura permanente de los acuerdos de defensa de 1953.
