La Comisión Europea ha lanzado un mensaje contundente: España sufre una crisis habitacional de gran calado, marcada por el alza constante de precios, una oferta insuficiente de viviendas y trabas burocráticas que paralizan la construcción.
En su informe anual 2025 Country Report – Spain, Bruselas denuncia que el país arrastra un déficit de 600.000 viviendas y exige al Gobierno español una reacción urgente y efectiva para evitar que la situación empeore aún más.
Lejos de tratarse de un simple desajuste de mercado, la Comisión pone el foco en las graves consecuencias sociales y económicas que tiene este colapso: afecta a la renta disponible de los hogares, compromete la equidad social, dificulta la movilidad laboral y frena el crecimiento económico del país.
Según el Banco de España, cuatro de cada diez inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler y suministros.
En contraste, la media europea se sitúa en el 27%.
Vivir en España se ha convertido en una carrera de obstáculos.
Una presión insostenible: Valéncia como ejemplo sangrante
Aunque en toda la Comunitat Valenciana se han incrementado de manera exponencial los precios, es la ciudad de Valéncia la que aglutina los alquileres más altos.
Por otro lado la DANA ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha puesto en situaciones muy comprometidas a muchas familias sin posibilidad de un realojo digno con unos precios que en su situación deberían ser más bajos.
Una de las ciudades donde esta crisis se vive con mayor crudeza es Valéncia, donde encontrar un piso de alquiler por menos de 1.000 euros mensuales se ha vuelto prácticamente imposible.
Esta situación, insostenible para la mayoría de los ciudadanos, ahoga a jóvenes, familias y trabajadores que no encuentran alternativas viables dentro del mercado legal.
Lo que debería ser un derecho básico, como el acceso a una vivienda, se ha convertido en un lujo para unos pocos.
La llegada de más de 20.000 nuevas personas a la ciudad en el último año ha disparado aún más la presión sobre el parque de viviendas.
A esto se suma la creciente presencia de alquiler turístico, que ha vaciado el mercado residencial y ha desplazado a los residentes permanentes.
El resultado: una ciudad cada vez más desigual, cara y excluyente, donde muchos se ven obligados a compartir piso, vivir lejos del centro o incluso regresar al hogar familiar.
Y ya ni que decir de aquellas personas con discapacidad que tampoco encuentran suficientes viviendas adaptadas.
Causas múltiples y soluciones a medias
Bruselas identifica varios factores que agravan esta situación.
En primer lugar, la escasez de obra nueva: los procesos urbanísticos son lentos, las licencias tardan meses en aprobarse y la prometida reforma de la ley del suelo sigue sin llegar.
Esto bloquea la creación de nueva vivienda y mantiene artificialmente altos los precios.
Por otro lado, el parque de vivienda social en España apenas representa el 1,5% del total, frente al 9% de media en la Unión Europea.
Este dato refleja el abandono histórico de las políticas públicas de vivienda y su escaso desarrollo en las últimas décadas. La falta de planificación y voluntad política ha dejado al mercado actuar sin control, con consecuencias devastadoras para miles de ciudadanos.
El informe también pone el foco en un factor menos visible pero igualmente crítico: la falta de mano de obra cualificada en el sector de la construcción. Más del 50% de las empresas no logran cubrir sus necesidades de personal, lo que frena cualquier intento de acelerar la edificación.
Como respuesta, el Gobierno ha activado un PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) enfocado en industrializar y digitalizar la construcción, apostando por métodos más sostenibles y rápidos.
Aunque la Comisión Europea valora esta iniciativa positivamente, advierte que es insuficiente si no se acompaña de más suelo público, financiación directa y una ejecución realista y ágil.
Una sociedad entre la precariedad y la desesperación
Mientras tanto, los efectos de esta crisis ya se sienten con fuerza en la calle.
Miles de jóvenes no pueden emanciparse, muchas familias viven al límite de sus posibilidades y el número de personas que recurren a soluciones informales o ilegales crece sin freno.
La okupación se ha disparado, tanto por necesidad real como por oportunismo, en un entorno donde las políticas públicas parecen dar la espalda a los ciudadanos.
El hartazgo es creciente. Muchos vecinos, especialmente en barrios populares de grandes ciudades como Valéncia, Madrid o Barcelona, denuncian que se está empujando a la clase media a la precariedad más absoluta, mientras los poderes públicos se muestran incapaces —o poco dispuestos— a intervenir eficazmente.
Frente a este panorama, Bruselas lanza una advertencia final: no actuar con rapidez y determinación no solo acarreará un coste social inasumible, sino que lastrará también la competitividad del país, dificultará la atracción de talento y limitará las posibilidades de crecimiento.
Menos promesas y más ladrillos
La crisis de la vivienda en España no admite más excusas. Se necesitan reformas valientes, inversión pública sostenida y una apuesta decidida por el interés general.
No basta con discursos; hacen falta medidas tangibles que devuelvan a los ciudadanos el derecho a una vivienda digna y asequible.
España se juega mucho. Y si no se pone solución, millones de personas seguirán chocando contra un muro cada vez más alto, mientras la clase política se pierde en promesas vacías.
Es hora de cambiar el rumbo. Porque, como recuerda la Comisión, una sociedad sin viviendas accesibles es una sociedad sin futuro.
