El sector farmacéutico denuncia una deuda de más de 160 millones por parte del Consell y advierte de una situación insostenible similar a la vivida durante la crisis de 2011

Un nuevo episodio de incertidumbre económica

La red de farmacias de la Comunitat Valenciana podría protagonizar en los próximos días una huelga histórica si la Generalitat no salda de forma inmediata la deuda correspondiente a la factura farmacéutica del mes de mayo. Así lo ha anunciado Carmen García, portavoz de Farval, la asociación de titulares de farmacias de la provincia de Valencia, que representa cerca del 25% del sector en el territorio.

“Estamos planteando cierres patronales, no sabemos si de días o de meses. Sería una forma de huelga. Pediremos autorización y estableceremos servicios mínimos”, ha declarado García en una entrevista en À Punt.

Una deuda que pone en jaque a 2.350 farmacias

El problema radica en que el Consell aún no ha abonado los más de 160 millones de euros correspondientes al suministro de medicamentos del pasado mes. Según la administración autonómica, el pago está supeditado a la llegada del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Gobierno central, previsto para el mes de julio.

Sin embargo, el recuerdo del año 2011, cuando los impagos se prolongaron durante ocho meses, aún pesa sobre el colectivo farmacéutico. Entonces, muchas farmacias tuvieron que recurrir a hipotecas, préstamos privados o agotar sus ahorros para continuar funcionando, hasta el punto de que varias cerraron sus puertas definitivamente.

«No queremos entrar en política, queremos que nos paguen»

La portavoz de Farval ha recalcado que el sector farmacéutico no quiere entrar en disputas políticas, en referencia a las críticas de la oposición sobre los recortes fiscales aplicados por el Consell y sus consecuencias en la tesorería autonómica. “Nos da igual el color político. Queremos cobrar por nuestro trabajo, no explicaciones”, ha subrayado.

Uno de los puntos más controvertidos, según denuncian desde Farval, es que las farmacias no están incluidas en la partida presupuestaria de Sanidad, sino en la de proveedores. Esto las convierte en dependientes del FLA, lo que retrasa los pagos y genera una situación de inseguridad estructural.

“Somos centros sanitarios con titularidad privada, como los hospitales concertados. ¿Por qué ellos están en Sanidad y nosotros seguimos como proveedores?”, se pregunta Carmen García.

La amenaza sobre la farmacia rural

Aunque de momento no hay riesgo de desabastecimiento generalizado, sí lo hay de cierres puntuales, especialmente en las farmacias más pequeñas o en entornos rurales, donde la viabilidad económica es más delicada. Las cuarenta oficinas dañadas por la DANA también se encuentran entre las más vulnerables, justo cuando comenzaban a recuperarse.

Según datos de Farval, en la Comunitat Valenciana existen 2.350 farmacias, que generan entre 7.000 y 12.000 empleos directos, y hasta 15.000 si se cuentan los servicios de soporte. En las oficinas más pequeñas, hasta el 80% de los ingresos dependen del sistema público.

García asegura que muchas farmacias ya se están viendo obligadas a pedir préstamos para poder afrontar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social: “Es injusto tener que endeudarnos para cumplir con una ley que nos obliga a dar medicamentos aunque no cobremos”.

Un nuevo ciclo de impagos: ¿el principio del colapso?

Este 1 de julio, el Colegio de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana ha convocado una asamblea para votar posibles medidas, entre las que se encuentra la convocatoria oficial de huelga. La situación, según Farval, no puede permitirse repetir el ciclo vicioso de hace doce años.

“La gente está nerviosa. Entonces se nos dijo que era solo un retraso puntual… y pasamos ocho meses sin cobrar”, recuerda García.

De momento, la Conselleria de Sanidad asegura que la factura de junio se abonará con normalidad, y que la de mayo se pagará en cuanto llegue el FLA. Pero la paciencia del sector se agota. Si la protesta se concreta en forma de cierre patronal, se trataría de una movilización sin precedentes en el sistema sanitario valenciano.