El debate sobre la responsabilidad política en la DANA del 29 de octubre de 2024 llega a un nuevo escenario judicial. La Asociación de Víctimas ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para evitar que se aplique el aforamiento al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y que su posible implicación sea investigada en un juzgado ordinario.
El objetivo es claro: que la causa continúe en el juzgado de Catarroja, donde ya se instruye el caso por la gestión de la tragedia.
El recurso cuestiona el uso automático del aforamiento
La asociación no discute que el TSJCV sea competente para investigar a diputados autonómicos. Sin embargo, rechaza que esta condición se aplique de forma automática sin analizar el contexto concreto.
A su juicio, el aforamiento debe interpretarse de forma restrictiva y solo tiene sentido cuando protege la función parlamentaria, no cuando se convierte en un mecanismo que, en la práctica, dificulta o retrasa una investigación judicial.
“Una garantía que no puede convertirse en privilegio”
En el recurso, la entidad sostiene que aplicar el aforamiento sin un análisis detallado podría vulnerar derechos fundamentales de las víctimas, como el acceso a la tutela judicial efectiva o el derecho a ser juzgados por el tribunal predeterminado por la ley.
Desde su perspectiva, convertir esta prerrogativa en una protección automática supondría desvirtuar su finalidad y transformarla en un privilegio.
Sospechas sobre un uso “instrumental” del cargo
Uno de los puntos más sensibles del recurso es la interpretación del papel actual de Mazón como diputado. La asociación apunta a una posible utilización estratégica del escaño para mantener el aforamiento.
Entre los argumentos expuestos, se menciona la escasa actividad parlamentaria tras su dimisión, la ausencia en plenos y la falta de participación efectiva en votaciones, lo que, según la entidad, refuerza la idea de que su permanencia responde a intereses procesales.
Críticas a la decisión previa del TSJCV
El recurso también cuestiona la resolución del tribunal, que rechazó investigar al expresidente al considerar que no existían indicios suficientes de delito.
La asociación considera que esa valoración entra en el fondo del asunto antes de tiempo y que, en esta fase, lo único que debería determinarse es qué órgano es competente para investigar los hechos.
Una batalla legal con implicaciones clave
La decisión que adopte ahora el TSJCV marcará el rumbo del procedimiento. Si el recurso prospera, la investigación podría continuar en el juzgado ordinario de Catarroja, donde ya se analizan las responsabilidades derivadas de la DANA.
Para las víctimas, el caso va más allá de una cuestión técnica: se trata de garantizar que todos los responsables, independientemente de su cargo, respondan en igualdad ante la justicia.
El fondo del debate: igualdad ante la ley
El movimiento de la asociación reabre una cuestión de fondo en el sistema judicial español: hasta qué punto el aforamiento protege la función pública o, por el contrario, puede interpretarse como un obstáculo en determinados casos.
En un contexto marcado por una tragedia con 230 víctimas mortales, la respuesta a esa pregunta tendrá un peso decisivo en el desarrollo del proceso judicial.
