La difusion de nuevos audios grabados en la reunión del Cecopi durante la DANA del 29 de octubre ha puesto en una situación todavía más complicada a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas. En las imágenes, difundidas por TVE, se la escucha dando indicaciones que coinciden con el contenido del mensaje ES-Alert enviado a los móviles a las 20:11 horas, algo que ella negó ante la jueza.

El mensaje ya estaba preparado

En el video, captado sobre las 19.00 horas, Pradas ordena: «Metedlo en el texto, por favor». También se la oye preguntar si alguien tenía el teléfono de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya que a ella “no le apetecía llamarlo”.

Para la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, las grabaciones son «la prueba clara» de que el mensaje de alerta ya estaba redactado a las siete de la tarde y que se retrasó más de una hora en enviarse. Bernabé ha calificado la actitud del Consell como de “despreocupación y pereza” en plena emergencia.

«Negligencia criminal», según Compromís

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha ido más allá y ha hablado de «negligencia criminal» por parte del Gobierno de Carlos Mazón. A su juicio, resulta “vergonzoso” escuchar a la máxima responsable de Emergencias reconocer que no quería contactar con el presidente de la CHJ “mientras cientos de personas estaban en riesgo”. Además, ha denunciado que la dirección de À Punt eliminó el audio en el material entregado al grupo parlamentario de Compromís, acusando al PP y Vox de censura.

Dolor e indignación en el PSPV

Por su parte, la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha calificado los audios como “dolorosos e indignantes”. Según la ministra, «dos horas antes de que se enviara el ES-Alert, la Generalitat era plenamente consciente de la situación». Morant considera que las muertes registradas aquella tarde, 228 según el último balance, “eran evitables” si la población hubiese recibido antes la advertencia.

Un relato cada vez más cuestionado

Las grabaciones refuerzan la tesis de la acusación popular y de la oposición, que sostienen que la Generalitat retrasó decisiones clave mientras se multiplicaban los daños y las víctimas. «Más de diez meses después, seguimos sin conocer la verdad oficial de lo que ocurrió aquel 29 de octubre», ha concluido Morant.