Los autónomos exigen menos impuestos, más apoyo y una reducción real de la burocracia
Un colectivo clave que pide cambios urgentes
Los trabajadores autónomos reclaman medidas inmediatas a las administraciones para poder sostener su actividad en un contexto que califican como “muy complicado”. Así lo ha señalado Alberto Ara, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Comunitat Valenciana, en una entrevista en Les notícies del matí.
Las reivindicaciones se concentran en tres puntos: más ayudas, una reducción sustancial de la burocracia y una bajada de impuestos que consideran desproporcionados. “Los autónomos somos el eslabón más débil de la cadena”, ha explicado Ara.
Un motor económico que necesita estabilidad
La Comunitat Valenciana lidera desde hace un año el crecimiento de nuevos autónomos, alcanzando los 387.000 trabajadores por cuenta propia. Este colectivo representa el 16% del PIB valenciano y genera empleo para unas 125.000 personas.
Ara subraya que estas cifras ponen de manifiesto la importancia del sector y su necesidad de contar con un entorno administrativo más ágil: “Se necesitan muchas más facilidades de las que existen”, ha afirmado, denunciando además una clara falta de seguridad jurídica.
El Pla Simplifica, una buena herramienta que avanza demasiado lento
El presidente de ATA valora positivamente el Pla Simplifica promovido por la Generalitat para reducir trámites y modernizar la gestión administrativa. Sin embargo, critica que su implementación avanza con lentitud.
Ara propone extender este modelo a todas las administraciones para que las mejoras no se limiten solo al ámbito autonómico.
La dana y las ayudas que “llegaron tarde y mal”
El representante de ATA también ha abordado el impacto de la dana, que ha ralentizado numerosos procesos y generado dificultades adicionales para los autónomos. En este sentido, critica que las ayudas del Gobierno central no han sido suficientes ni han llegado a tiempo.
Se refiere especialmente a la prestación extraordinaria por cese de actividad, que expiró el 31 de enero y no fue prorrogada hasta el 31 de octubre. “Quienes la necesitaban desde febrero han vivido una situación muy penosa”, ha señalado.
