La futura ley de Costas valenciana busca frenar el impacto en propiedades y proteger el patrimonio litoral

En un contexto de creciente tensión entre administraciones y preocupación ciudadana, las actuaciones del Gobierno central en materia de deslindes han generado un fuerte impacto en la Comunidad Valenciana, afectando un total de 60.740 metros del litoral. Estos deslindes, que redefinen los límites del dominio público marítimo-terrestre, alteran la titularidad de terrenos en playas y zonas costeras, afectando directamente a propiedades privadas, urbanizaciones históricas y espacios públicos.

Ante esta situación, el Consell, liderado por la Conselleria de Medio Ambiente y Vicente Martínez Mus, ha acelerado la redacción de una ley de Costas valenciana que será presentada en Les Corts este verano. El objetivo es claro: dotar de seguridad jurídica a los núcleos urbanos afectados, proteger el patrimonio etnológico y frenar la pérdida de terrenos que, hasta ahora, formaban parte de la vida y el paisaje litoral valenciano.

¿Qué son los deslindes y por qué preocupan?

Los deslindes son procedimientos administrativos mediante los cuales se determina físicamente el límite entre el dominio público marítimo-terrestre —bajo control estatal— y la propiedad privada o municipal. Este proceso, gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica, ha adquirido una gran relevancia en la Comunidad Valenciana, donde el litoral es uno de los recursos más valiosos desde el punto de vista ambiental, social y económico.

Según la documentación oficial, se han ejecutado o proyectado 21 actuaciones de deslinde en la región:

• Provincia de Valencia: 12 deslindes que afectan a 30.342 metros.
• Provincia de Castellón: 6 actuaciones, con 16.598 metros intervenidos.
• Provincia de Alicante: 3 actuaciones (concentradas en Dénia), que suman 13.800 metros.

Para ponerlo en perspectiva: la distancia afectada equivale a un recorrido costero entre el Hotel Las Arenas y Burriana hacia el norte, o desde la playa de Pinedo hasta Gandia hacia el sur. Una franja continua de territorio sujeta a redefiniciones legales que pueden cambiar el uso, propiedad y futuro de numerosas edificaciones.

Dénia como epicentro de la contestación

Una de las zonas más afectadas y movilizadas es Les Deveses de Dénia, donde vecinos y autoridades han expresado su rechazo a los nuevos límites propuestos. La Generalitat ha decidido recurrir judicialmente la decisión del Estado en este enclave, defendiendo que se trata de construcciones asentadas con décadas de antigüedad que no representan amenaza ambiental y tienen un valor cultural innegable.

“Estamos hablando de hogares que han sido parte de la historia de Dénia, donde generaciones han vivido y veraneado. No pueden ser tratados como simples ocupantes ilegales del litoral”, señala un portavoz de la asociación vecinal afectada.

La respuesta legislativa: la ley de Costas valenciana

Ante la incertidumbre generada por estos procesos, el Consell trabaja en una ley de Costas autonómica con la que pretende reforzar la protección jurídica de los habitantes del litoral valenciano. Esta ley, cuyo borrador se encuentra en fase final, introducirá varios elementos clave:

• Declaración de núcleos con valor etnológico: Con el respaldo de los ayuntamientos, se podrá declarar como protegidas aquellas agrupaciones urbanas que, por su historia, arquitectura o significado social, merezcan quedar fuera del dominio público, incluso si nunca fueron catalogadas previamente.
• Restricciones constructivas y planes de conservación: Para evitar nuevas ocupaciones indebidas o desnaturalizaciones del entorno.
• Convenios con el Estado: La normativa facilitará la firma de acuerdos con el Gobierno para preservar ciertos núcleos dentro del dominio marítimo-terrestre, y permitirá iniciar expedientes de desafectación si se considera que ya no cumplen criterios de dominio público.

Esta ley se presenta como una herramienta para reequilibrar la balanza entre la protección del medio ambiente y la defensa del patrimonio urbano y cultural. No obstante, su recorrido legal no está exento de polémica: si el Gobierno considera que invade competencias estatales, podría impugnarla ante el Tribunal Constitucional.

El precedente de Galicia y la posible judicialización

Existe un precedente alentador para el Consell en Galicia, donde una ley similar fue respaldada y no impugnada por el Ejecutivo central. Sin embargo, la situación valenciana presenta matices distintos, ya que la presión inmobiliaria y la extensión de núcleos afectados es mucho mayor en esta comunidad.

Actualmente, de los 21 deslindes programados, solo cuatro han sido aprobados oficialmente, mientras que el resto están en diferentes fases del procedimiento: tres en fase de apeo, cinco en periodo de audiencia pública y nueve en fase de información pública. Esto da cierto margen de maniobra tanto a las administraciones como a los particulares para presentar alegaciones y buscar fórmulas de consenso.

Conclusión: un futuro incierto para el litoral valenciano

La redefinición del dominio marítimo-terrestre en la Comunidad Valenciana representa mucho más que una cuestión técnica. Se trata de un proceso con profundas implicaciones sociales, legales y emocionales para miles de personas que ven peligrar su relación con el mar. La futura ley de Costas valenciana puede convertirse en un escudo protector, pero también en una nueva fuente de conflicto entre administraciones.

Mientras tanto, los vecinos afectados observan con preocupación el horizonte, donde el mar, la ley y la historia parecen chocar con fuerza. La clave estará en encontrar un equilibrio que permita proteger el medio natural sin borrar la memoria de quienes han vivido y construido a orillas del Mediterráneo.

¿Tienes una propiedad o conoces a alguien afectado por los deslindes? ¿Qué opinas de la ley de Costas valenciana? Participa en los comentarios o compártelo en redes sociales con el hashtag #CostasValencia.