A partir de este viernes, algunos juzgados como el de Sueca (Ribera Alta) asumirán nuevas competencias en materia de violencia de género. La medida, que sobre el papel busca mejorar la atención a las víctimas, amenaza sin embargo con provocar un colapso en el sistema judicial por la ausencia de refuerzos.
“Las nuevas competencias no vienen acompañadas de los medios necesarios”, advierte el magistrado José Luis Mendoza en declaraciones a À Punt. Según explica, la carga de trabajo aumentará de manera considerable y los plazos de los procesos podrían alargarse, con las víctimas como principales perjudicadas.
Plantillas sin refuerzo ni formación
Gema Peiró, gestora procesal, reconoce que los equipos están preocupados: “Nos preocupa asumir estas competencias porque suponen un esfuerzo extra para el que no hemos recibido formación”.
Los profesionales no rechazan la especialización, que consideran positiva y necesaria, pero critican que el Ministerio de Justicia no haya cumplido su promesa de reforzar un 50% las plantillas con plazas judiciales especializadas. En la práctica, según Mendoza, solo se han creado ocho nuevas plazas de este tipo en toda España.
Marc Carrió, técnico de la oficina de atención a las víctimas, recuerda que la violencia de género es “una violencia específica y diferente a otras”, lo que exige que los jueces cuenten con “formación, atención y recursos propios”.
Reclamaciones en toda España
Las quejas no son aisladas. En total, 123 jueces y juezas especializados en violencia de género en España han expresado su preocupación por la situación. En la Comunidad Valenciana, de las 24 unidades judiciales con competencias en esta materia, catorce se han sumado a las críticas.
El CGPJ anuncia refuerzos limitados
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado medidas de apoyo para reforzar 23 juzgados de violencia de género en todo el territorio nacional. La duración inicial de estos refuerzos será hasta el 31 de diciembre de 2025.
Los profesionales, sin embargo, consideran insuficiente este esfuerzo y temen que, sin una dotación real de personal y recursos, la especialización pueda convertirse en un lastre que retrase procesos penales y de familia. Y quienes más lo sufrirán, insisten, serán las víctimas y sus hijos, que necesitan respuestas rápidas y eficaces de la justici
