Un «mercadillo» en la puerta de la historia de nuestro patrimonio cultural
La majestuosidad del modernismo valenciano tiene un precio, pero parece que para la administración pública ese precio se paga al peso, en alquileres de terrazas y espacios publicitarios. Una reciente y demoledora resolución del Síndic d’Agravis, tras la denuncia de la asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio, ha puesto de manifiesto una realidad que cualquier viandante sufre a diario pero que los despachos oficiales se niegan a ver: la Estación del Norte, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), ha dejado de ser un monumento para convertirse en un soporte de cachivaches, cartelería y veladores.
El defensor del pueblo valenciano no habla esta vez de grietas o derrumbes, sino de algo quizás más insidioso por ser premeditado: la degradación ambiental y visual de un entorno protegido. La denuncia es clara: la fachada del monumento y su área de protección inmediata se han transformado en una carrera de obstáculos de terrazas, quioscos, carteles luminosos y elementos discordantes que secuestran la contemplación del bien patrimonial. Y lo más grave no es que suceda, sino que sucede con el beneplácito firmado y sellado de quienes deberían impedirlo: la Conselleria de Cultura, el Ayuntamiento de Valencia y ADIF.
El «pacto de la vergüenza»: Uso terciario frente a protección y el respeto patrimonial
El punto neurálgico de la crítica del Síndic —y el origen del escándalo— reside en la existencia de un convenio a tres bandas entre ADIF (propietario), el Ayuntamiento y la Generalitat. Lejos de ser un instrumento para la puesta en valor del edificio, este acuerdo se ha revelado como el escudo legal perfecto para la mercantilización del espacio. Dicho convenio prioriza el uso terciario y comercial de la estación sobre su dignidad histórica.
Es aquí donde la crítica a la administración se vuelve feroz. La resolución evidencia que este acuerdo económico ha servido de coartada para que el Plan Especial de Protección (PEP) sea papel mojado en lo que respecta a liberar el entorno. En lugar de establecer un área de protección diáfana, libre de ocupación y respetuosa con las visuales del monumento —como exigiría el sentido común y la Ley de Patrimonio—, se ha diseñado un traje a medida para la explotación comercial. El resultado es un BIC asfixiado, donde la arquitectura de Demetrio Ribes compite por la atención con la oferta del día y la sombrilla de turno. Un mercadillo que no debería estar ahí.
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Conselleria de Cultura: El guardián que mira hacia otro lado
La responsabilidad de la Conselleria de Cultura en este asunto es ineludible y, a juzgar por los hechos, negligente. Su mandato legal es garantizar que los entornos de los BIC se mantengan libres de elementos que perturben su contemplación o atenten contra los valores que motivaron su protección. Sin embargo, la realidad de la Estación del Norte demuestra una permisividad alarmante.
¿Cómo es posible que Cultura autorice, o tolere por silencio administrativo, la colocación de elementos que a cualquier propietario privado en un casco histórico le costarían una multa inmediata? La respuesta parece estar en ese convenio que ata de manos a los técnicos o, peor aún, que subordina el criterio patrimonial al rendimiento económico de ADIF.
La Conselleria ha permitido que el «área de protección» sea un concepto vacío, una línea en un plano que no se traduce en una limpieza visual real. Al no exigir un perímetro libre de ocupación en el PEP, la administración autonómica ha validado la conversión del atrio de la estación en un bazar.
Y lo más sangrante, no ha actuado hasta que ha habido una denuncia que ha terminado en el Síndic por un silencio administrativo que el propio defensor del pueblo señala como un «incumplimiento sistemático».
Reconocimiento al Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía: La única luz en la oscuridad del abandono
En medio de la parálisis administrativa y la permisividad institucional criticada por el Síndic, emerge un actor que está cumpliendo eficazmente con su deber de proteger el legado histórico de la ciudad: la Dirección General de la Policía. División de Operaciones y Transformación Digital. Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana – Grupo de Patrimonio Histórico.
Desde la asociación denunciante, han querido destacar y agradecer públicamente el gran esfuerzo y la diligencia con la que la Dirección General de la Policía, a través de su Grupo de Patrimonio Histórico, está interviniendo en la protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC) de Valencia.
Este grupo especializado ha demostrado una proactividad ejemplar, actuando de oficio en varios BIC de la ciudad para forzar la retirada de cartelería, publicidad y otros elementos discordantes que atentan flagrantemente contra la dignidad monumental de estos inmuebles.
Mientras Conselleria de Cultura y ADIF se enzarzan en convenios que priorizan el uso terciario y la rentabilidad, permitiendo la contaminación visual, la Policía Adscrita está aplicando la ley sin reservas. Sus actuaciones se basan en el estricto cumplimiento del artículo 38, punto e, de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV 4/1998), que establece criterios rigurosos de intervención en Monumentos y Jardines Históricos, prohibiendo precisamente aquellos elementos que perturban su visión y entorno.
«La intervención policial es la prueba de que las herramientas legales existen y son efectivas cuando hay voluntad de aplicarlas,» señala nuestra asociación. «Es un contrapunto necesario a la inacción de las administraciones gestoras. Nos reconforta saber que, si la Conselleria no hace cumplir la ley, hay una unidad policial especializada que sí está dispuesta a defender nuestro patrimonio de la agresión visual y comercial.»
La labor del Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía Adscrita se erige así como un baluarte en la defensa activa del patrimonio valenciano. Su acción es un recordatorio de que la legislación autonómica es clara y que su cumplimiento es la única vía para garantizar que los BIC se mantengan libres de la degradación que impone la saturación publicitaria y la ocupación desmedida.
ADIF: La estación como centro comercial, no como patrimonio
Por su parte, ADIF continúa demostrando una sensibilidad nula hacia el legado que gestiona. Para el ente ferroviario, la fachada de la Estación del Norte no es la piel de una joya modernista, sino un escaparate rentable. La acumulación de «cachivaches» —desde puestos de comida o bebida mal integrados hasta cartelería estridente y mobiliario de hostelería invasivo— denota una gestión que entiende el edificio únicamente como un contenedor de flujos de viajeros y consumidores.
El Síndic ha puesto el dedo en la llaga al señalar que esta ocupación no es accidental, sino sistémica. ADIF se ampara en la «necesidad de explotación» y en el citado convenio para eludir las restricciones estéticas que deberían imperar en un monumento de esta categoría. La permisividad de las administraciones locales y autonómicas ha dejado hacer durante años al gestor ferroviario, que actúa como si el suelo público frente a la estación fuera su coto privado, ajeno a las normas de decoro urbano y patrimonial.
Un entorno secuestrado y una recomendación urgente
La imagen que proyecta hoy la Estación del Norte es la de un patrimonio secuestrado por el ruido visual. El ciudadano y el turista se ven obligados a sortear mesas y esquivar reclamos publicitarios para poder intuir la base de la fachada. La «contaminación visual» es una forma de deterioro tan grave como la física, pues arrebata al edificio su monumentalidad y su contexto.
La recomendación del Síndic es un ultimátum para reescribir las reglas del juego. Insta a revisar ese marco de colaboración que ha permitido la saturación del espacio y exige que el patrimonio recupere su preeminencia. Es imperativo que el PEP se modifique para garantizar una zona de respeto real, libre de ocupación, donde el edificio respire y se muestre sin interferencias.
En conclusión, la resolución es un varapalo a la hipocresía institucional. No se puede presumir de turismo cultural mientras se permite que nuestras joyas arquitectónicas queden ocultas tras la banalidad comercial. Conselleria y ADIF deben elegir: o defienden la cultura, o defienden el negocio de las terrazas. Las dos cosas, como ha quedado demostrado en la Estación del Norte, son incompatibles bajo el actual modelo de gestión.
