La concejala de Compromís per Valéncia Lluïsa Notario considera que «la señora Catalá está infringiendo la obligación legal que tiene de proteger a los niños y niñas víctimas de las terapias de conversión que no son otra cosa que una forma de tortura, prácticas inhumanas y degradantes con consecuencias devastadoras para los jóvenes LGTBI que son víctimas de ellas.»
«Los centros educativos de la ciudad, todos, sean de quienes sean, deben ser lugares seguros para nuestros hijos e hijas y en esta ciudad hay profesores que están legitimando el acoso contra las personas LGTBI.»
«Catalá no puede mirar hacia otro lado mientras hay menores a quienes se están aplicando torturas, que están sufriendo y sintiendo miedo en su colegio que debería ser un espacio de protección y no de desamparo.»
«La alcaldesa debería asegurarse de que nuestros hijos e hijas estén seguros cuando van a la escuela y por eso le vamos a pedir explicaciones en el Pleno municipal sobre las medidas que ha tomado y exigirle que vote en Les Corts a favor de la creación de una comisión de investigación».
Terapias de conversión en pleno siglo XXI
Todo esto surge a colación de la denuncia de Cormpomís de una psicóloga y coordinadora de la educación afectivo-sexual de 60 colegios diocesanos (concertados) de Valencia es una persona que practicaba terapias de conversión sexual a través de la organización “Verdad y Libertad”, al menos hasta 2020.
Este mismo mes se ha conocido el caso de los dos profesores denunciados por ofrecer terapias de conversión sexual a niños en Valencia. Ambos profesores son colaboradores del mismo centro donde presuntamente practicaban las terapias. Se apoyaban en presuntos ‘síntomas’ expuestos en el libro que escribió uno de ellos, Óscar García, como ‘conductas femeninas’ de los niños, hipersensibilidad o rechazo a los deportes de equipo.
Desde el Arzobispado se defienden asegurando que todo es parte de la conducta afectiva tradicional que defienden y exponen, pero todo esto podría incurrir en un delito de odio contra las personas LGTBI por su sexualidad.
Discriminar a alguien y acosarle por su sexualidad es delito, más si cabe cuando se le quiere practicar «terapias de conversión». Estas terapias relacionan la homesexualidad o bisexualidad con una disfunción de la conducta, como una enfermedad, cuando la única enfermedad es la de las personas que se han quedado ancladas en la baja edad media.
La libertad sexual
En una Valencia libre y donde los menores han de ser tratados con exquisitez y no marcando su adolescencia y fomentando el odio no caben medias tintas y todo lo que sea perjudicar a esos menores LGTBI es delito de odio. Cada uno es libre de su sexualidad, unos dicen que naces, otros que se hacen, pero la libertad individual se basa en la elección, y nadie tiene el derecho de elegir su sexualidad por los demás.
Lenguajes ambiguos son los perjudiciales, ya que ha de perseguirse penalmente y de oficio a aquellos que consideran al homosexualidad una enfermedad, porque machacan psicológicamente a las personas jóvenes LGTBI cuyo índice de suicidio es mucho mayor que el de resto de adolescentes.
En España funciona el servicio 028 Arcoíris, un número de teléfono de información y atención integral en derechos LGTBI. Al servicio se puede acceder marcando 028 desde un teléfono, a través del correo electrónico 028-online@igualdad.gob.es o utilizando el chat on line.
