VALENCIA – Las calles del centro de Valencia han vuelto a ser este domingo, 1 de marzo de 2026, el escenario de una nueva jornada de protesta contra el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Bajo el lema «Mazón a presó», la movilización ha estado marcada no solo por la reciente petición judicial de imputación contra el exdirigente, sino también por una notable discrepancia en los datos de asistencia que ha reabierto el debate sobre el desgaste del movimiento social.
Disparidad en el recuento
Como viene siendo habitual en las últimas convocatorias, la jornada ha concluido con una evidente «guerra de cifras» entre las instituciones. Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, la marcha habría congregado a unos 1.500 asistentes. Sin embargo, la Policía Local de Valencia ha rebajado significativamente esa estimación, situando la participación en apenas 500 personas.
Esta diferencia de recuento llega en un momento crítico, coincidiendo con el inicio de las festividades falleras, lo que obligó a modificar el recorrido habitual de la protesta para evitar pasar por la plaza del Ayuntamiento que tenía un montaje pirotécnico preparado.
El recorrido partió de la Plaza de San Agustín recorriendo las calles de Xàtiva y Colón contra dirección para acabar en Porta de la Mar.
El contexto judicial marca el paso
A pesar de la menor afluencia respecto a las manifestaciones históricas de finales de 2024, el ánimo de los asistentes estaba hoy más caldeado que nunca. La protesta se ha celebrado apenas tres días después de que la jueza de instrucción de Catarroja elevara al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una exposición razonada para imputar a Mazón por 230 delitos de homicidio imprudente.
«Hoy no estamos aquí por cantidad, sino por justicia. La jueza ya ha dicho lo que todos sabíamos: que su negligencia fue grosera», afirmaba Rosa Álvarez, portavoz de la Asociación de Víctimas Mortales, al inicio de la marcha en la plaza de San Agustín.
Exigencia de renuncia al acta
El foco de los manifestantes se ha centrado en la condición de aforado de Carlos Mazón, quien todavía mantiene su acta de diputado en las Cortes Valencianas. Los colectivos sociales han exigido su dimisión inmediata para que pueda ser juzgado por la vía ordinaria.
La marcha ha transcurrido sin incidentes graves, aunque bajo una fuerte vigilancia policial que acordonó los accesos al Palau de la Generalitat. Las entidades convocantes ya han avisado: «No dejaremos de salir hasta que el responsable de la mayor tragedia de nuestra historia responda ante un tribunal».
