ALICANTE — La viabilidad del trasvase Tajo-Segura vuelve a estar en el centro del conflicto político y económico. Ana Serna, vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante y responsable de Ciclo Hídrico, ha cargado con dureza contra el Ministerio de Transición Ecológica tras la aprobación del incremento del caudal ecológico del Tajo para el año 2026.
Según Serna, esta medida carece de «criterios técnicos o científicos» y responde a una hoja de ruta política que busca desmantelar una infraestructura vital para el sureste español.
Un motor económico bajo amenaza
La diputada subrayó la importancia estratégica del trasvase, no solo para la provincia, sino para el conjunto del Estado. Los datos presentados por la institución provincial dibujan un escenario de riesgo sistémico:
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Impacto en el PIB: El trasvase genera actualmente 4.000 millones de euros anuales.
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Exportaciones: El 71% de las frutas y hortalizas que España vende al exterior dependen de este aporte hídrico.
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Empleo: Más de 100.000 familias están vinculadas directamente a la actividad que permite esta infraestructura.
Consecuencias de un posible «fin del trasvase»
La advertencia de la Diputación va más allá de la coyuntura actual. De consolidarse la modificación de las reglas de explotación y las restricciones en los acuíferos, la provincia se enfrenta a una crisis medioambiental y social sin precedentes:
«Sin alternativas realistas, podríamos perder 133.000 hectáreas de regadío y más de 44 millones de árboles, lo que aceleraría drásticamente la desertificación de nuestro suelo», advirtió Serna.
Alianza con la Generalitat Valenciana
En el plano político, Ana Serna destacó el cambio de escenario institucional. Aseguró que la Diputación de Alicante ya no está sola en esta reivindicación, celebrando la «perfecta alineación» con la Generalitat Valenciana durante los últimos dos años y medio. Según la vicepresidenta, este frente común es la principal barrera frente a lo que califica como «continuos ataques» del Gobierno Central.
