Nuevo tirón de orejas del Síndic de Greuges a la Dirección General de Patrimonio
La Dirección General de Patrimonio (DGP) de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo (José Antonio Rovira) ha vuelto a recibir una dura reprimenda del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana por su reiterado uso del «silencio administrativo» en la gestión de denuncias sobre el patrimonio cultural. Es la segunda reprimenda tras otras recomendaciones de febrero de este mismo año.
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Una situación que denuncia Círculo por la Defensa del Patrimonio y que se sigue repitiendo desde el año 2012 con la Conselleria de Cultura (José Antonio Rovira) – Dirección General de Patrimonio (Marta Alonso) de la Generalitat Valenciana.
En una resolución reciente, el defensor del pueblo autonómico califica estos incumplimientos como «bastante frecuentes» y urge a la administración a responder en plazo y de forma motivada a las quejas ciudadanas, bajo amenaza implícita de acciones legales por parte de los denunciantes.
Señales ancladas en un BIC de manera ilegal
El caso que ha desatado esta nueva controversia se remonta al 31 de marzo de 2025, cuando el colectivo Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, presentó una denuncia ante la DGP por la instalación de dos señales de tráfico atornilladas directamente en la fachada del Real Monasterio de la Asunción, conocido como Santa Clara, un Bien de Interés Cultural (BIC) catalogado en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano (IGPCV) con el número 46.145-9999-000028.
La fachada afectada, ubicada en la calle Moncada con la plaça de la Trinitat, muestra perforaciones realizadas por el Ayuntamiento de Xàtiva, que vulneran el artículo 38.e de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, que prohíbe intervenciones que alteren la integridad de monumentos históricos.Fotografías adjuntas a la denuncia revelan que una de las señales se instaló después de junio de 2018, mientras que la otra data de una fecha indeterminada, pero ambas representan un «deterioro» flagrante del BIC.
El colectivo denunciante enfatiza que estas acciones no solo ignoran la normativa autonómica, sino que también contravienen la obligación de protección inmediata prevista en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
La polémica se avivó durante el pleno municipal de Xàtiva del 27 de marzo de 2025, donde la regidora Susana Gomar (del equipo de gobierno) defendió la instalación argumentando: «Ahí ya habían señales y aprovecharon esas señales que había antes, para poner las mismas señales» (minuto 1:25:00 del vídeo de la sesión). Por su parte, el alcalde Roger Cerdà añadió: «El Ajuntament es el propietario de Santa Clara y además lo hace en un espacio en el que ya había unas señales puestas y no se necesita un permiso especial para eso». La grabación del pleno, disponible en YouTube, ha sido citada por el colectivo como prueba de la «desidia» local.
Tres meses y medio después de la denuncia –y ante el silencio administrativo de la DGP, que ni siquiera acusó recibo en los plazos legales de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común–, el colectivo recurrió al Síndic d’Agravis.
La Conselleria aplica de nuevo el silencio administrativo
Esta no es la primera vez: la resolución destaca que se trata de un patrón «crónico y reiterado» en la conselleria, donde las respuestas solo llegan una vez abierto el expediente de queja.
El detonante mediático llegó a través de Levante-EMV, que el 1 de mayo de 2025 reveló que la DGP había exigido al Ayuntamiento la retirada inmediata de las señales, basándose en la prohibición de «elementos impropios» en fachadas históricas.
Sorprendentemente, los denunciantes se enteraron de esta resolución por la prensa, no por notificación oficial, ya que la DGP no asignó número de expediente ni comunicó su recepción en los 10 días preceptivos. En el pleno posterior, la regidora del PP Ana Díez utilizó esta información para cuestionar al equipo de gobierno, preguntando directamente al alcalde sobre las «irregularidades» en la gestión del BIC.
La Conselleria niega la condición de interesados a los denunciantes
Ante el Síndic, la DGP alegó que «la presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado» (artículo 62.5 de la LPAC) y que un «justificante automatizado» de recepción vía Registro General Electrónico (RGE) era suficiente, notificando solo al incoar o archivar el procedimiento.
El Síndic desmontó estos argumentos con claridad: el artículo 21 de la Ley 39/2015 obliga a una resolución expresa en un máximo de tres meses (salvo plazo específico) y a informar al interesado de los plazos y efectos del silencio administrativo en 10 días. «En el caso que nos ocupa, el escrito del 31/3/2025 no ha sido resuelto ni notificado, ni consta la recepción en plazo», concluye la resolución, invalidando la excusa del «justificante automatizado».
En el fondo del asunto, el Síndic invoca la «acción pública» en patrimonio (artículo 8 de la Ley 16/1985 y artículo 5 de la Ley 4/1998), que legitima a cualquier ciudadano para exigir medidas de protección inmediata, más allá de sanciones. «Todas las personas físicas y jurídicas están legitimadas para exigir el cumplimiento de esta Ley ante las administraciones públicas», recuerda el defensor del pueblo, otorgando al denunciante plena condición de interesado.
La Dirección General de Patrimonio demuestra desconocer la Ley y se la inventa
Las conclusiones tras las recomendaciones del Síndic son tajantes: Círculo por la Defensa del Patrimonio considera que la DGP muestra un «desconocimiento o aplicación caprichosa del ordenamiento jurídico», y el Síndic insiste a la Conselleria que las respuestas que deben ser «motivadas y congruentes», resolviendo todas las cuestiones planteadas (artículos 35.1.a y 88.1 de la LPAC).
Entre las recomendaciones, urge responder motivadamente a la denuncia de marzo sobre la retirada de las señales, informando de las medidas adoptadas, y recordar el deber de notificar recepciones en 10 días y resoluciones en tres meses.
El colectivo, que ya ha anunciado acciones legales contra la DGP y sus responsables si no hay respuesta inmediata, califica el caso como «sumamente grave». «Quedamos a la espera de lo que responda la DGP, para emprender acciones legales contra esta administración pública y contra sus responsables», concluyen.
Mientras tanto, las señales siguen atornilladas, simbolizando un patrimonio valenciano a la deriva entre burocracia y negligencia.
