El parcheado puente de la Exposición de Santiago Calatrava
Las pintadas no son un fenómeno aislado, sino un problema crónico que ha escalado en los últimos años. Según un informe detallado de Noticias Ciudadanas, el puente está salpicado de garabatos en spray, pegatinas adhesivas y adhesivos que corroen el recubrimiento anticorrosivo del acero. Expertos advierten que, si no se retiran con rapidez, estas intervenciones aceleran el óxido y elevan los costes de mantenimiento a cargo del erario público.
Otro ejemplo flagrante es el Depósito de Gas Lebon (BRL), un bien protegido donde grafitis delictivos persisten desde agosto de 2023, pese a denuncias de asociaciones como el Círculo por la Defensa del Patrimonio.
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María José Catalá, un gobierno especialista en parchear
Ante esta oleada, la respuesta del Ayuntamiento de Valencia, liderado por María José Catalá desde junio de 2023, ha sido criticada por su superficialidad. En lugar de una estrategia integral, el consistorio opta por «parcheos» con pintura blanca de tonalidades variadas para cubrir las pintadas, una práctica que genera parches desiguales y una imagen de cutrez e improvisación.
Catalá prometió en campaña una «Valéncia més neta» con mayor vigilancia y multas disuasorias, pero dos años después, el servicio de limpieza contratado por 4 millones de euros en 2023 apenas cubre el 70% de las demandas, dejando grafitis semanas en pie.
La inacción es aún más alarmante en la persecución de delitos. La ordenanza de convivencia impone multas de hasta 750 euros por deterioro del espacio público, pero desde 2019 solo se han aplicado 18 sanciones en bienes históricos, ninguna desde 2021.
El Síndic de Greuges ha intervenido en casos como el Depósito de Gas Lebon, recordando al Ayuntamiento su obligación de coordinar servicios y actuar contra el vandalismo, pero las respuestas son evasivas: «falta de fondos» o «descoordinación interna», además de todo tipo de excusas para no actuar y dejar pasar el tiempo.
Asociaciones critican que Catalá, que en oposición fustigaba la «impasibilidad» del anterior gobierno, ahora prioriza campañas de sensibilización sobre acciones concretas, como cámaras o patrullas especializadas, perpetuando la desidia y el desinterés municipal por un problema enquistado y al que no se le está buscando una solución.
El impacto es profundo: el Puente de la Exposición pierde atractivo turístico, con visitantes quejándose en redes sociales de su «estado lamentable».
Anualmente, se limpian 100.000 metros cuadrados de pintadas —equivalente a 14 campos de fútbol—, pero sin prevención, el ciclo se repite y los resultados son, en demasiadas ocasiones, deficientes.
Valencia no puede permitir que su patrimonio sea rehén de la dejadez y de la pasividad que diferentes gobiernos municipales han demostrado durante años. Catalá debe implementar un plan integral: sanciones efectivas, vigilancia 24/7 y restauraciones profesionales. De lo contrario, el vandalismo no solo manchará el acero de Calatrava, sino la ya cuestionada credibilidad de un consistorio que gasta millones en parches mientras los delincuentes actúan impunes.
Los valencianos merecen una ciudad limpia, no un museo de grafitis, pintadas y tags que lo ensucian todo, y menos aún, un ayuntamiento que actúa de manera chapucera, como si se tratase de un trabajo realizado por Pepe Gotera y Otilio.
