ESTRASBURGO – En un giro inesperado que pone en jaque la agenda comercial de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles solicitar un dictamen formal al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad del acuerdo con Mercosur. La iniciativa, impulsada originalmente por la delegación de VOX y el grupo Patriotas por Europa, salió adelante por un estrecho margen de 10 votos, abriendo un escenario de incertidumbre que podría derivar en la suspensión definitiva del tratado.
Un precedente jurídico sin precedentes
Es la primera vez en la historia de la institución que una mayoría del Pleno recurre al artículo 218.11 del TFUE para consultar la compatibilidad de un acuerdo internacional con los Tratados fundacionales antes de su ratificación. Esta decisión vincula directamente a la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, quien deberá remitir formalmente la consulta a Luxemburgo de manera inmediata.
El dictamen del TJUE es ahora el último obstáculo legal: mientras el tribunal delibera, el proceso de ratificación queda congelado. En el peor de los casos para Bruselas, el tribunal podría dictaminar la nulidad del texto o suspender su aplicación de forma cautelar.
«Victoria histórica» para el sector primario
Desde la delegación de VOX han calificado el resultado como una «victoria histórica». Su jefe de delegación, Jorge Buxadé, vinculó el éxito parlamentario con la protección del sector agrario nacional: «Es una gran victoria para el campo español frente a los intentos de la Comisión de imponer el acuerdo por la vía rápida y sin control democrático».
«Hoy hemos ganado tiempo y credibilidad como defensores del interés nacional frente a la imposición burocrática de Bruselas» — Jorge Buxadé, eurodiputado.
El polémico «troceado» del acuerdo
El eje del conflicto jurídico reside en la estrategia de la Comisión Europea de fragmentar el tratado en dos bloques:
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ITA (Acuerdo Comercial): Tramitado como competencia exclusiva de la UE para evitar el voto de los parlamentos nacionales.
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EMPA (Acuerdo de Asociación): Centrado en cooperación política.
Los eurodiputados de Patriotas por Europa sostienen que esta división es una maniobra para eludir la soberanía de los Estados miembros. Con la consulta al TJUE, el grupo busca demostrar que esta fragmentación vulnera el principio de legalidad europeo.
Próximos pasos: El calendario se congela
La decisión representa un duro golpe institucional para la Comisión de Ursula von der Leyen. A partir de este momento:
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Suspensión de voto: El Parlamento no podrá someter el tratado a votación final hasta que exista el dictamen.
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Posibles medidas cautelares: El TJUE tiene potestad para paralizar cualquier aplicación provisional que la Comisión intentara ejecutar.
Este movimiento no solo refuerza el peso político del grupo Patriotas por Europa en la Eurocámara, sino que marca un punto de inflexión en la política exterior de la Unión, situando el debate sobre la soberanía y el control judicial en el centro de la agenda comunitaria.
