La investigación judicial sobre la tragedia de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia, ha dado un giro relevante con las últimas declaraciones periciales. Dos expertos en geografía y meteorología han sido tajantes ante la jueza: la magnitud del episodio era previsible y existían datos suficientes para anticipar sus consecuencias.
Las declaraciones se han producido en el juzgado de Catarroja, donde se instruye la causa.
“No fue imprevisible”: los expertos contradicen la defensa
Los peritos, Alejandro Pérez Cuevas, catedrático de la Universitat de València, y el meteorólogo Rafael Armengot Serrano, han rechazado de forma contundente la idea de que el episodio fuera imposible de prever.
Según explicaron, los organismos oficiales como la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar proporcionaron información en tiempo real suficiente para anticipar que la situación sería grave.
“Con los datos que había, era evidente que iba a ocurrir algo importante”, señalaron durante su comparecencia.
Señalan fallos en la toma de decisiones
Los expertos han ido más allá y han puesto el foco en la gestión del episodio. A su juicio, el problema no fue la falta de información, sino la ausencia de decisiones adecuadas en el momento clave.
En términos muy duros, defendieron que lo necesario era conocer el territorio, entender los procesos hidrológicos y actuar en consecuencia, algo que consideran que no se produjo.
El papel del Cecopi, en el centro de la polémica
Las declaraciones también cuestionan directamente la actuación del Cecopi, el órgano de coordinación de emergencias. Los peritos han descartado la existencia de un “apagón informativo” y han insistido en que los avisos estaban activos y eran claros.
Ese día existía alerta roja continuada por parte de AEMET, lo que obligaba, según los expertos, a mantener el máximo nivel de vigilancia en todo momento.
Comparación con la riada de 1957
Uno de los momentos más significativos de la declaración ha sido la comparación con la riada de 1957. Los especialistas recordaron que, en aquel episodio, las autoridades locales lograron alertar a la población con antelación suficiente para minimizar daños.
En cambio, consideran que en la DANA de 2024 la respuesta fue claramente insuficiente, especialmente en lo relativo a la comunicación con la ciudadanía.
El origen de la avalancha de agua
Los informes elaborados por los peritos apuntan a un factor clave en la magnitud de la tragedia: la confluencia de varias aportaciones hídricas que multiplicaron el impacto.
En particular, destacan el papel de barrancos como el de l’Horteta de Torrent, junto a otras ramblas, que intensificaron la crecida del barranco del Poyo y provocaron una subida del nivel del agua en cuestión de minutos en l’Horta Sud.
La causa sigue abierta
Las declaraciones se enmarcan en la investigación que dirige la jueza Nuria Ruiz Tobarra, en la que están imputados responsables políticos de la gestión de emergencias en aquel momento.
El proceso judicial continúa recabando testimonios técnicos para determinar si hubo negligencia en la gestión de uno de los episodios más devastadores recientes en la Comunitat Valenciana.
Un punto de inflexión en la investigación
Las conclusiones de los expertos suponen un golpe a una de las principales líneas de defensa: la imprevisibilidad del fenómeno.
Ahora, la clave estará en determinar si esa información disponible fue ignorada, mal interpretada o gestionada de forma inadecuada, y qué responsabilidades pueden derivarse de ello.
