El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI Comunidad de Madrid) ha solicitado formalmente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y al delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que se abra una investigación interna y, en su caso, se proceda al cese de Virginia Torres Lirola, actual subdirectora general de Agentes de Movilidad.
La petición surge tras conocerse que, en 2018, Torres utilizó de forma irregular la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR) de su madre fallecida.
Según han publicado distintos medios, Virginia Torres, funcionaria de carrera y con años de experiencia en el área, fue sancionada en febrero de 2018 por estacionar un vehículo familiar frente al propio Área de Movilidad usando la tarjeta PMR de su madre, fallecida un año antes.
La multa fue abonada y se retiró la tarjeta, pero el hecho no impidió que, en marzo de 2021, fuera ascendida a subdirectora del área responsable de supervisar a los agentes encargados de vigilar precisamente este tipo de infracciones. Cuatro años después, continúa en el cargo.
CERMI denuncia un “comportamiento inaceptable”
Para CERMI Comunidad de Madrid, esta situación es “intolerable”, ya que compromete la credibilidad de los poderes públicos y envía un mensaje negativo a la sociedad respecto a la importancia del cumplimiento de las normas de accesibilidad.
En palabras del comité: “Los poderes públicos deben promover con mayor firmeza la toma de conciencia del valor de la accesibilidad por parte de la sociedad, y esta persona, en el caso de ser así, no puede continuar en el puesto que le da la responsabilidad de velar por el buen uso de estas tarjetas”.
El comité también ha insistido en la necesidad de concienciar a la población sobre el uso correcto de las plazas reservadas y las tarjetas PMR.
Recuerdan que muchas personas con movilidad reducida se ven afectadas cuando estas plazas están ocupadas indebidamente, impidiéndoles ejercer su derecho a la movilidad.
Un caso que pone el foco en la responsabilidad pública
Desde CERMI subrayan que este tipo de acciones no pueden pasar desapercibidas, sobre todo cuando quien las comete ocupa una posición de responsabilidad institucional.
En este caso, añaden, “no es solo un error del pasado, es un mensaje contradictorio si no se actúa con claridad y consecuencias”.
El uso fraudulento de tarjetas PMR por familiares de personas con discapacidad —e incluso después del fallecimiento del titular— es una práctica más común de lo que se reconoce públicamente.
Por ello, CERMI defiende que este caso debe servir para reforzar el control y la sensibilización social, así como para garantizar que las personas responsables del sistema sean también ejemplares en su conducta.
El comité hace un llamado a la ciudadanía y a las asociaciones de personas con discapacidad a seguir denunciando situaciones similares y a exigir que la accesibilidad no se vea comprometida por la negligencia o el abuso de poder.
