MADRID. – El dolor no tiene baremos, pero la ley sí. La reciente decisión del Consejo de Ministros de asignar una compensación total de 216.000 euros por fallecido a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) —ocurrido este mismo mes de enero de 2026— ha encendido una mecha de indignación entre los familiares de las víctimas de la DANA. La razón: la diferencia de casi 144.000 euros entre lo que el Estado paga por una vida perdida en la vía férrea frente a una perdida bajo el lodo.
Dos tragedias, dos varas de medir
| Caso | Cuantía por víctima | Fuente / Marco Legal |
| Víctimas de la DANA | 72.000 € | Real Decreto-ley 6/2024 (Ayudas de Protección Civil) |
| Víctimas de Adamuz | 216.000 € | Real Decreto (Enero 2026) / Responsabilidad Civil |
La controversia ha saltado a la arena política tras las declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien ha justificado esta brecha económica apelando a la «estructura del sistema jurídico». Según la ministra, los marcos legales que rigen ambos sucesos son de naturalezas incompatibles, lo que impide una equiparación directa de las ayudas.
En el caso de la DANA, el sistema aplicado fue el de la Ley de Protección Civil. Bajo este paraguas, las familias recibieron 72.000 euros (una cifra que ya supuso un aumento excepcional respecto a los 18.000 euros habituales). Sin embargo, estas se consideran «ayudas de auxilio», destinadas a paliar una situación de emergencia ante un fenómeno natural donde, en principio, no existe un responsable directo.
Por el contrario, el siniestro de Adamuz se tramita por la vía de la Responsabilidad Patrimonial y Civil. Al tratarse de un accidente en una infraestructura gestionada por el Estado (Adif/Renfe), se activa el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) y la responsabilidad directa de la administración. La cifra de 216.000 euros resulta de sumar la ayuda directa del Estado (72.000 €) y un anticipo del seguro de responsabilidad civil de otros 72.000 €, junto con otros complementos que triplican el montante percibido por las familias de Valencia.
El agravio comparativo: ¿Indemnización o ayuda?
Para los críticos, esta distinción es un «tecnicismo cruel». Desde diversas asociaciones de víctimas se argumenta que el Estado no puede refugiarse en la semántica jurídica para valorar una vida más que otra. «El sistema dice que en la DANA el culpable fue el clima, pero en Adamuz fue la vía. Para una madre que pierde a su hijo, esa distinción es un insulto», señalan portavoces de los afectados.
La ministra Morant ha insistido en que el Gobierno ha realizado un esfuerzo sin precedentes para elevar las cuantías de la DANA, pero recalca que el Estado «no es el asegurador universal» de los desastres naturales. «En Adamuz existe una responsabilidad civil del transporte; en una catástrofe climática, el derecho responde desde la solidaridad pública, no desde la culpa», defienden fuentes gubernamentales.
Un debate ético sobre la mesa
El caso Adamuz ha sentado un precedente de rapidez administrativa que los familiares de la DANA ven con envidia y recelo. Mientras que las víctimas del tren verán sus ingresos en un plazo máximo de tres meses y exentos de impuestos, muchos afectados por las inundaciones aún pelean contra la burocracia para recibir los pagos prometidos hace meses.
La polémica deja una pregunta incómoda en el aire: si la gestión de las alertas en la DANA fue deficiente —como sostienen múltiples querellas en curso—, ¿podrían los fallecidos por el temporal saltar del sistema de «ayuda por catástrofe» al de «responsabilidad patrimonial» para igualar sus indemnizaciones? Por ahora, la brecha de 144.000 euros sigue siendo la medida de una fractura legal que el Gobierno parece no estar dispuesto a cerrar.
