Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han respondido con un documento propio al borrador del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 presentado por el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez.
El texto, acompañado de una carta formal enviada a la ministra, plantea seis líneas estratégicas y expresa el rechazo de estas regiones a la propuesta del Ejecutivo.
El motivo principal: discrepan del enhttps://noticiasciudadanas.com/el-pp-propone-hipotecas-del-100-para-jovenes-y-mas-suelo-publico-para-vivienda/foque intervencionista del Gobierno y apuestan por facilitar el acceso al crédito, incentivar la oferta de vivienda y eliminar regulaciones que, a su juicio, distorsionan el mercado.
Hipotecas del 100% para menores de 40 años
Uno de los ejes centrales de la propuesta del PP es facilitar el acceso a la financiación para los menores de 40 años que quieran adquirir su primera vivienda.
Concretamente, se propone permitir hipotecas que cubran hasta el 100% del valor del inmueble, mediante avales públicos u otras fórmulas que ayuden a garantizar el crédito.
Esta medida busca dar respuesta a una generación que, por la precariedad laboral y los altos precios de mercado, tiene cada vez más dificultades para acceder a una vivienda en propiedad.
Además, se aboga por proteger a las familias en riesgo de pobreza, mejorando las condiciones de financiación para la adquisición de vivienda habitual.
Seguridad jurídica y rechazo a la intervención en los precios
Otro de los aspectos destacados del documento es la preocupación por la okupación y la inquiocupación (inquilinos que dejan de pagar pero no abandonan la vivienda).
Las comunidades populares reclaman restablecer la seguridad jurídica para los propietarios, modificando la actual Ley de Vivienda y elaborando una nueva Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda.
En paralelo, rechazan las políticas de intervención en los precios del alquiler, como el control de precios en zonas tensionadas.
A su juicio, estas medidas distorsionan el mercado y hacen todavía más inaccesible la vivienda, especialmente para jóvenes y colectivos vulnerables.
Consideran que una regulación artificial de precios desalienta la oferta y desincentiva la inversión en vivienda.
Movilización de suelo público y promoción de vivienda asequible
Uno de los grandes problemas, tanto de la vivienda libre como de la social, es la falta de oferta, según reconoce el propio documento del PP.
Para solucionarlo, se propone movilizar suelo público, tanto patrimonial como demanial, y también parcelas dotacionales en desuso, con el fin de destinarlas a vivienda pública, social o asequible, tanto en régimen de alquiler como de propiedad.
El plan contempla también poner en el mercado parcelas procedentes de cesiones obligatorias de aprovechamiento lucrativo, para fomentar la construcción de viviendas en propiedad a precios asumibles.
En cuanto a la vivienda protegida, el PP apuesta por ofrecer incentivos a promotores, constructores y cooperativas, y por promover desde la administración alquileres hasta un 30% por debajo del precio de mercado.
Beneficios fiscales y apoyo a la rehabilitación
En el ámbito fiscal, la propuesta del PP incluye varias medidas orientadas a reducir la carga impositiva sobre la vivienda de protección pública.
Se propone rebajar impuestos en las fases de construcción y transmisión, y fomentar el ahorro con cuentas vivienda protegida, que tendrían beneficios fiscales como deducciones en el IRPF por las cantidades ahorradas.
Además, se plantea fomentar la rehabilitación de edificios mediante líneas de financiación atractivas para comunidades de propietarios y empresas especializadas.
También se sugiere reducir al 4% el IVA de las obras de rehabilitación y permitir deducciones en el IRPF por subvenciones destinadas a este fin.
Rechazo al plan del Gobierno y exigencia de concreción
El Plan Estatal de Vivienda propuesto por el Gobierno, que pretende arrancar en 2026 con una inversión de 4.000 millones de euros, ha sido rechazado por las autonomías del PP, que critican que el Ejecutivo pretende condicionar el uso de los fondos a que las viviendas construidas se mantengan como vivienda pública protegida de por vida.
El Gobierno asegura que esta cláusula es clave para evitar que se revendan a precios de mercado, pero las comunidades populares consideran que esto limita la flexibilidad y la capacidad de adaptación del plan a las realidades de cada territorio.
De hecho, solo seis comunidades están negociando actualmente con el Ministerio, y cinco de ellas son socialistas.
En la carta enviada por los 13 gobiernos autonómicos del PP, se critica la falta de concreción del Ejecutivo y se exige la puesta en marcha de un plan realista y eficaz, que apueste por la colaboración público-privada y por medidas que impulsen el acceso a la vivienda sin distorsionar el mercado.
