Bautizos cancelados, bodas celebradas a medias porque los invitados se van de la cena, camiones de reparto parados —como ocurrió con el suministro de hielo—, reservas de comidas y cenas anuladas a última hora y restaurantes que se quedan con el género comprado y nadie en las mesas. Esta es la factura silenciosa de una gestión de emergencias errática, marcada por mensajes de emergencias y, sobre todo, por la falta de un criterio único por parte de la Conselleria.
Lo que debía ser prudencia se ha convertido en psicosis. Y lo que debía ser coordinación, en un sálvese quien pueda.
Familias desconcertadas en la zona cero de l’Horta Sud
Desconcertadas. Así se sienten muchas familias del alumnado de la zona cero de l’Horta Sud, obligadas a consultar mapas, redes sociales y comunicados municipales para saber si al día siguiente sus hijos tienen colegio o no. La alerta naranja decretada inicialmente, rebajada después a amarilla, llevó a la mayoría de municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre a suspender las clases como medida preventiva.
Parecía que, por fin, se había alcanzado un criterio común en la comarca, reforzado por la coordinación que habitualmente ejerce la Mancomunitat de l’Horta Sud. Sin embargo, ese consenso saltó por los aires este lunes.
Mientras municipios como Sedaví o Benetússer mantenían el cierre de las aulas, a apenas dos calles de distancia, en Alfafar o Massanassa los colegios abrían con total normalidad. Una frontera invisible que no responde ni a la lógica geográfica ni a una instrucción clara de la administración autonómica.
Abrir o cerrar según el municipio… no según el riesgo
Junto a Alfafar, decidieron mantener la actividad lectiva localidades directamente afectadas por la barrancada como Massanassa, Picanya, Beniparrell y Quart de Poblet, además de Silla, Manises y Mislata. La pregunta es evidente: ¿por qué unos sí y otros no ante la misma alerta?
La respuesta apunta directamente a la falta de instrucciones precisas por parte del órgano realmente competente en materia educativa: el Consell.
Los ayuntamientos se sienten solos, expuestos y, en muchos casos, señalados por decisiones que no les corresponderían asumir. “Estamos completamente vendidos los municipios. Debería ser la Conselleria de Educación la que estableciera criterios claros”, denuncia el presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Francisco Cabanes.
En Sedaví, por ejemplo, se decidió que con alerta naranja se suspendían las clases, un acuerdo compartido inicialmente por la mayoría de municipios de la Mancomunitat. “No entiendo por qué ahora algunos han decidido no cerrar”, lamenta Cabanes, que ya trabaja en la creación de un protocolo comarcal ante emergencias, una tarea que, en realidad, debería liderar la administración autonómica.
“Solo nos dicen el color de la alerta”
Desde Picanya, uno de los municipios más golpeados por la dana del 29 de octubre, el concejal Roberto Amoraga pone el dedo en la llaga. “Solo nos dicen el color de la alerta y ya. Que cada uno se apañe”, resume con crudeza.
Picanya decidió mantener la jornada lectiva al confirmarse la mejora meteorológica y considerar que los centros estaban en condiciones seguras. Pero incluso desde allí se califica de “despropósito” la falta de directrices claras por parte de Educación.
“Si los centros de salud los cierra Sanidad, ¿por qué los colegios no los cierra Educación? El personal es funcionariado autonómico. No tiene sentido que la decisión recaiga en los ayuntamientos”, señala Amoraga, que describe la situación como un auténtico maremágnum administrativo.
Seguridad, conciliación… y contradicciones
Massanassa y Alfafar justificaron la apertura de las aulas apelando a informes técnicos, a la evolución favorable del temporal y a la necesidad de facilitar la conciliación familiar. Argumentos razonables, pero que chocan frontalmente con la realidad vivida por miles de familias y negocios.
Porque mientras se pedía prudencia extrema para llevar a los niños al colegio, ese mismo día centros comerciales, grandes superficies y otras actividades funcionaban con normalidad. Una contradicción que alimenta la sensación de arbitrariedad y desgasta la confianza ciudadana.
El coste invisible de la improvisación
Más allá del debate educativo, la falta de un criterio único está generando un impacto económico real y directo. Restaurantes que compran género y se quedan sin clientes. Eventos familiares suspendidos sin margen de reacción. Proveedores que no reparten porque nadie sabe qué va a estar abierto y qué no.
Todo ello en municipios que aún arrastran las secuelas emocionales y materiales de una dana devastadora. La ciudadanía no pide temeridad, pide claridad. Y los ayuntamientos no reclaman poder, reclaman respaldo.
Cuando la responsabilidad se diluye
La seguridad debe ser siempre la prioridad, pero la seguridad también pasa por la coherencia institucional. Delegar decisiones críticas sin un marco común no es descentralización: es abandono.
Mientras la Conselleria se limita a comunicar colores de alerta sin traducirlos en instrucciones operativas claras, la confusión se instala en las calles, en las familias y en la economía local. Y esa confusión, cuando se prolonga, acaba pasando factura.
Porque en una emergencia, lo más peligroso no es la lluvia. Es la improvisación.
