El Pleno del Parlamento Europeo rechazó hoy el informe de la propuesta de la Comisión del Reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios (“SUR”) que pretendía suprimir, sin ofrecer alternativas eficaces y únicamente a los agricultores europeos, hasta el 65% de las soluciones fitosanitarias empleadas para hacer frente a las plagas y enfermedades de los cultivos.
Con este votación, el Parlamento Europeo atendió el clamor de todo el sector agrario, el cual llevaba varios meses alertando de las graves consecuencias que hubiera tenido la adopción de este reglamento para la competitividad y la autosuficiencia alimentaria europea. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) valoró de manera muy positiva este posicionamiento de los europarlamentarios, a quienes se había dirigido en multitud de ocasiones, tanto de manera directa como mediante su organización nacional ASAJA y el COPA-COGECA, para solicitarles un voto en contra de dicha iniciativa.
No en vano, AVA-ASAJA recuerda el informe de impacto realizado por la Universidad de Wageningen -referente mundial en el ámbito agrario- que concluyó que la aprobación del SUR provocaría una pérdida del 20% de la producción vegetal europea y, por tanto, un aumento de los precios de los alimentos para los consumidores.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, considera que “la clase política por fin da una buena noticia al sector agrario, se pone al lado de sus agricultores y no acacha la cabeza ante el falso pretexto del ecologismo radical que tanto daño está haciendo a los productores y consumidores europeos. Si nos quedamos sin fitosanitarios eficaces para cuidar las plantas ante plagas y enfermedades, produciremos menos alimentos y serán todavía más caros. Hay que actuar desde la ciencia y el consenso con el campo para que los agricultores y
ganaderos sigamos siendo los primeros ecologistas de Europa”.
Reciprocidad en acuerdos comerciales con terceros países
AVA-ASAJA reitera la necesidad de establecer reciprocidad en los acuerdos comerciales con países terceros, de tal manera que todas las exigencias que la UE decida aprobar a los productores europeos (como la prohibición de determinadas materias activas fitosanitarias) también sean de obligada aplicación para las producciones foráneas con destino al mercado comunitario.
